¿Gobierna Dumek Turbay para los cartageneros o para los clanes que manejan los contratos públicos desde las sombras? Esa es la pregunta que deberían estar haciéndose los entes de control y la ciudadanía, tras las reiteradas señales de un patrón que huele a colusión: licitaciones aparentemente diseñadas para que siempre ganen las mismas empresas, los mismos nombres, los mismos intereses. Mientras el alcalde habla de desarrollo, embarcaderos y transformación urbana, una red empresarial con vínculos evidentes —y con históricos nexos políticos— se embolsa contratos millonarios. Esto no es una simple coincidencia. Es un modelo de poder económico que se disfraza de legalidad, y que podría costarle a Dumek Turbay algo más que su legado: su credibilidad política.
El 02Dic2024, el periodista John Zamora Melo, anunciaba que su portal Revista Zetta había nombrado a Ambrosio José Fernández Martínez-Aparicio como empresario del año 2024. Zamora no escatimó en elogios en su artículo.
A los que hemos venido siguiendo el comportamiento en redes de Zamora no nos extraña este tipo de adulación de su parte, ya que se le conoce por su cercanía empalagosa con aquellos en el poder en Cartagena y Bolívar. De hecho, desde junio de 2023, fue nombrado asesor de comunicaciones en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), cuya rectora es su amiga Sacra Náder David, a quien coincidentemente Zamora le entregó también una distinción en el 2020.
La selección de Ambrosio Fernández, afirmó Zamora, fue el resultado de haber tomado nota basado en su edificante influencia a lo largo del 2024. Luego de ese riguroso proceso de escrutinio, lo mínimo que uno esperaría de semejante condecoración es que la persona sea alguien ejemplar en las buenas prácticas empresariales. Veamos entonces quién es Ambrosio y por qué ha lugar mencionarlo en esta columna, de tal manera que los lectores puedan sacar sus propias conclusiones.
Ingeniería y Gestiones de Colombia SAS – Ingecol es una empresa cartagenera registrada el 01Oct2010. Sus representantes legales son Ambrosio Fernández y Álex Martínez Miranda. Este último es hermano de José Gabriel Martínez Miranda, quien aparece en documentación del Grupo Obinco SAS, empresa relacionada con un amigo del alcalde Dumek Turbay: Osvaldo Rodríguez Luna, quien figura en documentos de las empresas Ingecol SAS, Grupo Obinco SAS y Dinacol SAS.
Otra persona que es relevante mencionar es Verónica Bolle Díaz, quien es la representante legal suplente de Dinacol SAS, esposa de Osvaldo Rodríguez y hermana de Carlos Bolle Díaz, quien está en registros de Grupo Obinco SAS. Todo esto indicaría que Ingecol, Grupo Obinco y Dinacol estarían en un mismo grupo.
Por otro lado, no hay que olvidar que Dinacol SAS hace parte del Consorcio Gran Malecón del Mar al que le adjudicaron la licitación del Malecón del Mar en Cartagena, junto con las empresas Escalin Ingeniería SAS y A&D Alvarado y During SAS, cuyo representante legal, Juan Carlos Monzón Alvarado, fue inhabilitado por diez años por la Autoridad del Canal de Panamá.
La Licitación de los Embarcaderos en la Zona Insular de Cartagena
En mayo de 2024, El Universal, caja de resonancia del Palacio de la Aduana, anunciaba la licitación pública de los embarcaderos en la nota ‘Así son los embarcaderos que Dumek Turbay hará en Playa Blanca y Cholón’.
La licitación LP-SID-005-2024 fue publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el 08Ago2024. El objeto del contrato era la construcción de embarcaderos en la zona insular del Distrito de Cartagena de Indias D.T. y C.
La ordenadora del gasto de esta licitación fue la secretaria General de la Alcaldía de Cartagena, María Porras Mendoza, prima del presidente de la Fecolsurf y contratista del Despacho del alcalde, Andrés Porras Villamil. El comité evaluador estaba conformado por, Alejandro Figueroa Polo, (contratista también de la Gobernación de Bolívar y Corvivienda), Ligia Andrade Bustillo, Juan Sebastián Peña Huertas, Carlos Ordosgoitia Liñán, Milton Pereira Blanco y Wilmer Iriarte Restrepo. A la licitación se presentaron cuatro proponentes, a saber:
- Consorcio Muelles DS: Dinacol SAS (90%) y SJJ Ingeniería SAS (10%). Pero SJJ Ingeniería tiene el 18.07% de Dinacol SAS.
- Consorcio Embarcaderos Cartagena: Construlatina SAS (90%) e Ingecol (10%).
- Consorcio Vigor Caribe: Obressa SAS (60%) y VC&P Ingeniería SAS (40%).
- Consorcio A&D-Pilco: A&D Alvarado y During SAS (70%) y Construcciones del Pacífico Ltda (30%).
Como observarán, en todos los proponentes hay una compañía de la que ya hemos hablado (Dinacol, Ingecol, Construlatina, Obressa y A&D Alvarado y During). Este entramado de empresas sugiere colusión y la posible existencia de un cartel de contratación, lo cual configuraría varias conductas punibles (p.ej., arts. 409 y 410 del Código Penal Colombiano).
Recordemos, por ejemplo, que Dinacol y A&D Alvarado y During hacen parte del Consorcio Gran Malecón del Mar; y que Obressa SAS formó el Consorcio Infraplayas con la empresa Gestión AR Profesionales y Consultores SAS, la cual está relacionada con el ‘Clan Sedán’ (leer ‘La contratación en Cartagena durante la era Turbay: ¡‘HABANSAMOS’!’).
El “Clan Barranqueño”, Ingecol, Construlatina y la Certificación Inexistente
Finalmente, la licitación LP-SID-005-2024 fue adjudicada al Consorcio Embarcaderos Cartagena (representante legal a Juan Carlos Aguilar Martínez) por un valor de $6.186.723.536, que equivalen a 4,346 smmlv o a USD$1.546.681.
De acuerdo al Secop, el contrato se firmó el 06Ene2025 y el acta de inicio se dio el 03Feb2025. La interventoría de este contrato fue adjudicada al Consorcio CC Interventorías mediante el contrato CMA-SID-007-2024 por un valor de $450.953.087. Es decir que el proyecto le costó a los cartageneros $6.637.676.623, sin meter los adicionales que aparezcan en el camino.
En los pliegos de la licitación, la Alcaldía de Cartagena estableció que los proponentes debían certificar «la ejecución de la construcción o ampliación de un muelle fluvial o marítimo en concreto».
Pues bien, el Consorcio Embarcaderos Cartagena presentó una certificación (expedida el 29Ago2002) de un proyecto realizado por Construlatina SAS (antigua SAIR LTDA), el cual fue expedido por Ecopetrol en donde se lee que el contrato es el PCA-1268-24, cuyo objeto fue casualmente la «construcción de muelle fluvial flotante en concreto para el descargue de equipos, material y personal para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del oleoducto de 16 pulgadas y 12 pulgadas que comunican a la estación principal de bombeo ubicada en Puerto Berrio-Antioquia, pertenecientes a la Gerencia de Oleoductos».
Según la certificación, el valor de ese contrato fue de $2.870.525.634 (aproximadamente 9.290 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época) y se ejecutó entre el 23Mar2002 al 10Ago2002.
Dado el antecedente de la licitación del alcantarillado de Bayunca y Pontezuela, en donde también se presentó una certificación de Ecopetrol, decidí contactar directamente a la fuente y esto fue lo que respondió:
«[…] una vez efectuadas las gestiones de búsqueda y las validaciones correspondientes en las bases de datos de contratos y en el archivo histórico de la compañía, no se evidenció registros en sistemas, documentación física, o electrónica asociada al contrato PCA-1268-24. El único contrato suscrito que se evidenció con la empresa SAIR LTDA con NIT 829.002.616-3 corresponde al No. 02-30513-322912, el cual difiere de los documentos por usted allegados […]» (sic).
Dicho de otra manera: la documentación presentada por el Consorcio Embarcaderos Cartagena no existe y, por ende, es falsa. Es más, el descaro es tanto que el único contrato del que hace alusión la respuesta de Ecopetrol fue realizado en una fecha distinta y por un valor total de $11.163.615, lo cual es solo el 0.39% de lo que fraudulentamente certificó el consorcio.
Asimismo, al Consorcio Embarcaderos Cartagena le tocará también explicar cómo es posible que una empresa como Construlatina, que se supone está bien financieramente, tiene a su representante legal, Héctor Emilio Albanez Téllez, afiliado al Sisben en la categoría B7 (pobreza moderada).
Y si creyeron que la cosa acabó ahí, pues se equivocaron. Estos tipos parece que fueron por todo. Al esculcar la documentación del consorcio al que le adjudicaron la interventoría este fue el resultado: el Consorcio CC Interventorías, cuyo representante legal es Orlando José Rivero García, está conformado por las empresas Coveco de Colombia SAS (con un 10%) y CIA de Interventorías y Consultorías de Obra SAS (con un 90%).
Al mejor estilo de la muñeca Matrioshka, CIA de Interventorías y Consultorías de Obra está compuesta por dos empresas más: Soluciones y Proyectos JCL SAS e Ingeniería y Mantenimientos SAS. Resulta que en el acta de constitución de esta última aparece registrado nada más y nada menos que José Gabriel Martínez Miranda, quien, como se dijo previamente, no solo está relacionado con Grupo Obinco y Dinacol, sino que es hermano de Álex Martínez Miranda, representante legal de Ingecol.
Recuerden que Dinacol hacía parte del Consorcio Muelles DS que era uno de los oferentes para la construcción del muelle insular. Creo que no hace falta ponerle nombre a esta situación, ¿cierto?
Como cartagenero y colombiano, y basado en todo lo anteriormente expuesto, le exijo al alcalde Turbay que pare las obras.
No está de más decirles tanto a los miembros de la Alcaldía de Cartagena que participaron en la evaluación de esta licitación como a los implicados de los consorcios que presentaré las respectivas quejas y denuncias en los entes de control. ¡Ah!, y de seguro que los de la Alcaldía argumentarán que los asaltaron en su buena fe. Les adelanto que hay evidencia suficiente para probar lo contrario.
Es hora de que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría pongan el ojo sobre estos contratos, que aunque firmados en regla, podrían esconder el rostro maquillado de la corrupción. Esto es solo la punta del iceberg de un escándalo que, de lejos, promete ser el mayor de la historia de la contratación de Cartagena. Nos vemos en una próxima entrega aquí en www.724noticias.com.co.
