En Colombia, la política hace tiempo dejó de ser el “arte de servir” para convertirse en el arte de enriquecerse. El Congreso, supuesta cuna del debate democrático, se ha transformado en una feria de vanidades, ausencias, favores políticos, y promesas rotas. Hoy es válido preguntarse: ¿Qué hacen realmente muchos congresistas, aparte de cobrar puntualmente sus salarios millonarios?
Las cifras son escandalosas: en promedio, un congresista colombiano recibe más de 35 millones de pesos mensuales, entre sueldo, primas, viáticos y beneficios. A esto hay que sumar esquemas de seguridad, tiquetes, vehículos y demás privilegios que para cualquier ciudadano común son inalcanzables. Sin embargo, ¿qué resultados presentan a cambio de todo eso? Muy pocos. Y en muchos casos, ninguno.
Decenas de congresistas llevan varios periodos repitiendo curul sin haber dejado huella alguna en sus regiones. Llegan al Congreso con discursos encendidos sobre desarrollo regional, justicia social, oportunidades para su gente. Pero una vez instalados en sus cómodas oficinas en Bogotá, se convierten en meros espectadores del juego político, en convidados de piedra que levantan la mano cuando se les dice y callan cuando más se necesita su voz. En el peor de los casos, terminan votando leyes contrarias a los intereses del pueblo que los eligió.
Aún más grave es el fenómeno de la “herencia legislativa”: curules que pasan de padres a hijos, de esposas a hermanos, como si fueran títulos nobiliarios. La política se ha convertido en una dinastía, donde no importan las ideas, sino el apellido. Y para otros, el Congreso es apenas un trampolín: desde allí dan el salto a embajadas, ministerios o incluso candidaturas presidenciales. Usan el poder como plataforma, no como herramienta de transformación.
En un país donde la pobreza, la desigualdad y la violencia aún azotan con fuerza, resulta indignante que el Congreso no exija estándares mínimos de cumplimiento a sus miembros. Debería ser causal de inhabilidad no presentar, al menos, dos proyectos por periodo que beneficien directamente a las regiones. Debería ser delito no cumplir con los compromisos adquiridos con el electorado. Y debería haber cárcel, sin beneficios, para quienes traicionan la confianza pública mediante corrupción o negligencia.
Pero en Colombia eso es casi una utopía. ¿Por qué? Porque son los mismos políticos quienes hacen las leyes. Y son ellos mismos quienes diseñan los vacíos legales para protegerse entre sí. La legislación está llena de tecnicismos, ambigüedades y vericuetos que les permiten eludir cualquier castigo. Se blindan con fueros, se cobijan con “acuerdos entre bancadas” y se excusan en la lentitud de la justicia para perpetuar la impunidad.
Lo verdaderamente doloroso es que muchos ciudadanos siguen eligiendo a los mismos de siempre. Por costumbre, por miedo, por clientelismo o simplemente porque no hay alternativas claras. Y así, el ciclo se repite elección tras elección. La política se recicla, pero no se regenera.
Es hora de que los colombianos despierten. De que exijan rendición de cuentas real. De que entiendan que elegir mal no es solo un error: es una condena. Como decía Cicerón, “el bienestar del pueblo es la ley suprema”. Pero aquí, la ley suprema es el bienestar del político de turno.
Mientras tanto, seguiremos viendo a nuestros congresistas muy activos… eso sí, en redes sociales, en fotos oficiales, y cobrando puntualmente su salario. Se viene el 2026, con lo que ha sucedido durante este gobierno creo que ha sido una enseñanza dolorida, es el momento de castigar a los que han incumplido el mandato del pueblo y de saber escoger a las nuevas generaciones de legisladores, esto debe pensarse en todas las esperas no solo para el congreso, el 2026 será un reto para escoger al nuevo presidente de los colombianos (ojo con los falsos mesías envueltos en paquete chileno). ¿Y el pueblo? Bien, gracias. Esperando (quizá en vano, esa transformación política anhelada) a que alguna vez la política vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: el arte de servir.
