El barrio 20 de Julio en Cartagena de Indias está de luto. Pero más allá del dolor, la tragedia del sábado 21 de junio ha destapado una cadena de omisiones que clama por respuestas urgentes: dos obreros murieron sepultados en una zanja de más de siete metros de profundidad, en medio de una obra pública que hoy, más que soluciones, genera sospechas.
Julio Carreazo Torres, de 61 años, y Maicol Taborda Polanía, de 29, llevaban mes y medio trabajando en la obra de ampliación del sistema de alcantarillado de Villa Rosita. La mañana del sábado, mientras operaban maquinaria pesada en una profunda excavación, la tierra previamente removida cedió de forma repentina y los sepultó. Aunque sus compañeros intentaron rescatarlos con desesperación, los esfuerzos fueron en vano: sus cuerpos fueron recuperados sin vida varias horas después.
Pero esta no es solo una tragedia laboral: es una alarma encendida sobre la falta de garantías mínimas de seguridad en la ejecución de obras públicas. Según versiones de la comunidad, el trazado original del proyecto no incluía ese punto específico, pero tras varios procesos y diálogos, se habría acordado intervenir allí para no entorpecer otros frentes de trabajo. Hoy, esa decisión está en el centro de las dudas sobre la planeación y el control técnico de la obra.
- ¿Quién responde?
El contrato bajo el cual se ejecutaba esta obra es el LP-SG-UAC-2023, firmado por la Unión Temporal SLG 2023, conformada por tres firmas:
- LST Ingeniería S.A.S. (Cartagena)
- Soluciones y Construcciones de Ingeniería S.A.S. (Socing S.A.S.) (Cartagena)
- Grancolombiana de Infraestructura y Construcciones S.A.S. (Grandicos S.A.S.) (Barranquilla)
El interventor responsable del control técnico, administrativo y de seguridad de la obra es la firma Monov Ingeniería Ltda.
Hasta el momento, ni la Alcaldía Distrital ni las empresas vinculadas han dado declaraciones públicas que expliquen si se cumplieron los protocolos de seguridad industrial, si hubo supervisión activa durante los trabajos o si se contaba con estudios técnicos y diseños estructurales apropiados para una excavación como esa.
Una cadena de preguntas sin respuesta | Las preguntas que hoy surgen tras la tragedia son:
- ¿Había estudios de suelos actualizados?
- ¿Se implementaron refuerzos en la zanja?
- ¿Estaban los trabajadores debidamente capacitados y protegidos?
- ¿Quién vigilaba que las normas de seguridad se cumplieran?
- ¿Por qué pasaron casi 60 minutos antes de que llegaran los organismos de socorro?
- ¿Se verificó el cambio del trazado?
El silencio de los responsables, tanto del consorcio como de la interventoría, comienza a oler tan mal como la tierra removida sin precaución.
En la zona de la tragedia no se observaban señales visibles de protección o contención. Los propios obreros sobrevivientes han comentado —fuera de micrófonos— que no hubo una reunión de seguridad ese día, ni advertencias sobre posibles riesgos por deslizamiento de tierra. Tampoco se sabe si existía un plan de contingencia en caso de derrumbe.
Esto hace pensar que lo ocurrido no fue un accidente inevitable, sino una tragedia anunciada en un entorno laboral con fallas estructurales, que podrían configurar responsabilidad penal y disciplinaria.
Julio y Maicol no eran simples números en una nómina. Eran padres, trabajadores, ciudadanos que aportaban al desarrollo de la ciudad desde el anonimato de las botas llenas de barro. Salieron de sus casas a trabajar y nunca regresaron.
La Alcaldía de Cartagena anunció la apertura de una investigación, pero las familias esperan más que comunicados. Esperan verdad, justicia y reparación. Esperan que alguien —con nombre, firma y cargo— asuma su responsabilidad. Porque la ciudad está de luto, sí. Pero el silencio no puede durar para siempre. Alguien debe responder.
