El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena admitió una demanda de nulidad contra el Distrito por la autorización de un crédito público de $1.5 billones de pesos, aprobado en agosto de 2024 por el Honorable Concejo Distrital a solicitud del alcalde Dumek Turbay Paz.
La acción judicial, presentada por el empresario y docente cartagenero Uriel Alfonso de Arco Paternina, cuestiona la legalidad no solo del Proyecto de Acuerdo 016 de 2024, sino también de los acuerdos 147 y 160 aprobados ese mismo año. El proceso abre un frente jurídico que podría tener profundas repercusiones en la administración distrital y en las finanzas de la ciudad.
La demanda, radicada el 11 de abril e inicialmente inadmitida por errores de forma, fue subsanada y finalmente admitida casi cinco meses después, el pasado 3 de septiembre de 2025. El juez ordenó notificar al Distrito y a la Procuraduría, otorgando 30 días para responder, proponer excepciones, presentar pruebas y, si lo considera, reconvenir. El despacho advirtió con claridad: una conducta procesal omisiva podría traer consecuencias adversas para las autoridades demandadas.
De Arco Paternina sostiene que la deuda aprobada vulnera los principios de sostenibilidad fiscal y de endeudamiento establecidos en la Ley 819 de 2003 y la Ley 617 de 2000. Asegura que el índice de desempeño fiscal de Cartagena, que hoy se ubica en 60,9 puntos (categoría vulnerable), corre el riesgo de desplomarse a nivel de riesgo, mientras que una rebaja en la calificación crediticia de Fitch Ratings pondría a la ciudad contra la pared frente a los mercados financieros.
de Arco Paternina, advierte que los ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento e inversión (superávit primario) no alcanzan para cubrir los intereses de la deuda, de acuerdo con la misma información oficial consignada en los acuerdos de presupuesto 2024 y 2025, así como en los marcos fiscales de mediano plazo 2024-2033 y 2025-2034.
“Ni el superávit primario ni los indicadores de endeudamiento —como el índice de superávit primario y el porcentaje de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación— cumplen los mínimos legales. Estamos frente a cifras inconsistentes que ponen en entredicho la legalidad del acuerdo”, denunció.
De Arco recordó que el antecedente más cercano fue el crédito de $250 mil millones en la administración de Dionisio Vélez, dinero cuestionado por presuntas irregularidades en hospitales locales. Ahora, la magnitud del endeudamiento multiplica la alerta: “Cartagena quedará atada a una deuda impagable. Ningún alcalde futuro podrá endeudarse más allá de este cupo, y lo peor: el déficit fiscal y la carga de intereses se trasladarán al pueblo en forma de más impuestos, inflación y pérdida de inversión privada”, enfatizó.
El empresario y docente también dejó entrever un trasfondo político detrás de la maniobra: “Esto puede obedecer a un proyecto político de largo plazo que busca amarrar la gestión de futuros gobiernos, dejando a Cartagena sin margen de maniobra”, advirtió.
La acción de nulidad, radicada bajo el número 13001-33-33-006-2025-00099-00, será tramitada bajo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Las audiencias se realizarán de manera virtual por Microsoft Teams, y el juez exhortó a las partes a considerar la conciliación judicial como alternativa, en línea con la Ley 2220 de 2022.
Aunque el auto de admisión no entra en el fondo de la controversia, deja en manos de la justicia administrativa la última palabra sobre una decisión que podría comprometer la sostenibilidad fiscal de Cartagena durante los próximos tres periodos de gobierno.
“Lo que busco no es frenar el desarrollo, sino garantizar que se cumpla la ley y que las finanzas del Distrito no se conviertan en una bomba de tiempo que recaiga sobre los hogares y empresas cartageneras”, concluyó De Arco Paternina.
La admisión de esta demanda no es un simple trámite: es el campanazo de alerta que pone en jaque una de las decisiones más polémicas del Concejo y la Alcaldía Distrital en la última década. Si la justicia confirma que el crédito de $1.5 billones violó las reglas fiscales, Cartagena no solo enfrentará un terremoto jurídico, sino que quedará marcada por la irresponsabilidad política de hipotecar a la ciudad por 15 años.
Hoy más que nunca, los cartageneros deberán vigilar que los números cuadren y que la ley se cumpla. Porque lo que está en juego no es un debate técnico: es el futuro económico de toda una ciudad.
