La inauguración de la primera fase del llamado Nuevo Chambacú, encabezada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, terminó convertida en una escena que hoy genera fuertes cuestionamientos sobre el modelo de espacio público que impulsa la administración distrital. Lo que debía ser un acto simbólico de recuperación urbana y encuentro ciudadano terminó marcado por videos que circularon ampliamente en redes sociales y que muestran un altercado entre vendedores ambulantes y funcionarios encargados del control del espacio público.
Las imágenes, grabadas por asistentes al evento y no por canales oficiales, evidencian momentos de tensión luego de que un vendedor ambulante de algodones de azúcar ingresara al acto pese a las restricciones establecidas para este tipo de comercio informal. A partir de ahí se produjo un enfrentamiento verbal y físico con agentes de la Oficina de Espacio Público, situación que rápidamente escaló frente a decenas de ciudadanos presentes.
Más allá del incidente puntual, el episodio abrió nuevamente el debate sobre la relación entre las grandes obras urbanísticas y los sectores populares históricamente ligados al rebusque y la economía informal en Cartagena. La discusión no gira únicamente alrededor de un vendedor ambulante; toca un tema mucho más sensible: quiénes pueden habitar y trabajar en los nuevos espacios públicos que hoy se construyen con recursos de todos los cartageneros.
La administración distrital ha defendido la necesidad de organizar el espacio público y establecer controles para evitar el desorden durante eventos masivos. Sin embargo, críticos del gobierno local consideran que las medidas implementadas terminan afectando principalmente a trabajadores informales que dependen diariamente de las ventas ambulantes para subsistir.
Y es precisamente ahí donde el caso adquiere dimensión política. Porque el Nuevo Chambacú no es solamente una obra de infraestructura urbana; representa también una visión de ciudad. Una visión donde el turismo, la renovación estética y el orden urbano parecen avanzar más rápido que las soluciones sociales para cientos de familias que viven de la informalidad.
El episodio ocurrido durante la inauguración dejó además una imagen incómoda para la Alcaldía: funcionarios distritales enfrentándose públicamente con un vendedor ambulante en medio de una celebración financiada con recursos públicos. Para muchos ciudadanos, la escena terminó opacando el mensaje institucional que pretendía proyectarse alrededor de la obra.
Las críticas también comenzaron a conectar este modelo de control urbano con medidas similares implementadas en otras ciudades del país. Algunos sectores han comparado las políticas de restricción al comercio informal en Cartagena con decisiones adoptadas por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, particularmente frente a las condiciones impuestas a vendedores ambulantes en escenarios deportivos de esa ciudad.
No obstante, más allá de las comparaciones políticas, el fondo de la discusión sigue siendo el mismo: cómo equilibrar el orden urbano, la recuperación del espacio público y el derecho al trabajo de miles de ciudadanos que históricamente han sobrevivido en la informalidad.
La preocupación aumenta ahora frente a futuros proyectos urbanísticos impulsados por la Alcaldía, como el Malecón del Mar y el Mirador del Sol, desarrollos que también han generado debates ambientales, urbanísticos y sociales en sectores como Marbella y Crespo. Algunos líderes ciudadanos advierten que lo ocurrido en Chambacú podría anticipar nuevas tensiones alrededor del acceso, uso y control de estos espacios públicos.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes sociales y en distintos sectores de opinión local. Porque más allá de una simple “chambrana”, como muchos ya califican el episodio, lo ocurrido en Chambacú terminó reflejando un choque mucho más profundo entre ciudad formal e informal, entre renovación urbana y exclusión social, y entre la imagen de progreso institucional y la realidad de quienes sobreviven diariamente en las calles de Cartagena.
