La Procuraduría General de la Nación confirmó una de las sanciones disciplinarias más severas de los últimos años contra un alto oficial retirado de la Policía Nacional, señalado de participar en el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre, un caso que estremeció al país y que volvió símbolo nacional las denuncias por abuso de autoridad y ejecuciones extrajudiciales.
El oficial retirado Benjamín Darío Núñez Jaramillo fue sancionado con destitución e inhabilidad por 19 años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado disciplinariamente responsable por los hechos ocurridos el 25 de julio de 2022, cuando tres jóvenes fueron retenidos por uniformados y posteriormente aparecieron muertos con impactos de bala dentro de una camioneta policial.
La decisión revive uno de los episodios más oscuros registrados en el departamento de Sucre en los últimos años. Las víctimas —Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras— fueron interceptadas durante un operativo policial desarrollado tras el asesinato de un patrullero en Sampués. Según las investigaciones, los jóvenes fueron golpeados, sometidos y subidos a un vehículo oficial bajo el argumento de ser trasladados a un centro asistencial. Sin embargo, durante el trayecto recibieron múltiples disparos.
El expediente disciplinario concluyó que el entonces teniente coronel, quien ejercía como comandante operativo de Seguridad Ciudadana en Sucre, incurrió en una falta gravísima asociada al delito de homicidio. La Procuraduría también sancionó a otros oficiales y patrulleros por presunto prevaricato por omisión y abuso de autoridad, al considerar que no protegieron la vida de los jóvenes capturados.
El caso provocó una ola de indignación nacional desde que se conocieron los primeros testimonios. Versiones de policías y pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntaron a que los jóvenes habrían sido asesinados “a sangre fría” dentro del vehículo institucional. Las investigaciones incluyeron videos, registros balísticos y reconstrucciones del recorrido realizado aquella madrugada.
La sanción ratificada por el Ministerio Público representa un golpe demoledor para la imagen institucional de la Policía y reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza en Colombia, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto armado y la presencia de estructuras criminales.
Mientras organizaciones de derechos humanos califican la decisión como un precedente histórico contra la impunidad, familiares de las víctimas aseguran que el fallo apenas constituye un paso parcial hacia la verdad total de lo ocurrido en Chochó.
