La administración del alcalde Dumek Turbay Paz enfrenta un fuerte escándalo tras conocerse que un funcionario del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), pese a estar privado de la libertad por varios delitos, siguió recibiendo salarios, prestaciones sociales y hasta vacaciones, situación que ya generó un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por parte de la Contraloría Distrital.
El funcionario señalado es Félix Augusto Escorcia Atencio, privado de la libertad por varios delitos entre ellos peculado por apropiación. Pese a ello, la directora de Talento Humano de la Alcaldía, Yira Morales Castro, autorizó el pago de sus salarios y prestaciones sociales entre mayo de 2024 y marzo de 2025, sumando más de 59 millones de pesos, incluso con el reconocimiento de primas y vacaciones.
El informe de la Contraloría concluyó que se incumplió el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, que ordena la suspensión inmediata de salarios a funcionarios con medida judicial.
Aunque el DADIS había advertido en varias ocasiones sobre la situación, los pagos continuaron hasta abril de 2025, cuando finalmente se expidió la resolución de suspensión.
La denuncia fue amplificada por la abogada y lideresa social Jacqueline Perea Blanco, quien cuestionó que la investigación se limite a funcionarios intermedios. “No entiendo cómo solo se vincula al director del DADIS y a la directora de Talento Humano, y no a @dumek_turbay, siendo este último el nominador. Está claro en la norma que la delegación de funciones no lo absuelve de la responsabilidad”, expresó Perea Blanco.
La Procuraduría General de la Nación deberá determinar si el alcalde Turbay tiene responsabilidad directa en este caso, que ya representa un daño patrimonial superior a los 59 millones de pesos.
Félix Augusto Escorcia Atencio enfrenta proceso judicial por hechos relacionados con la Secretaría de Educación Distrital y el Fondo de Servicios Educativos (FOSE). Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2023, habría convencido a rectores de colegios públicos para que le permitieran manejar los informes contables trimestrales. Estos contratos fueron ejecutados por un tercero, pero los pagos terminaron en manos de su hijo, Félix José Escorcia Gómez.
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Las autoridades estiman que padre e hijo se apropiaron de al menos 110 millones de pesos del erario, a través de un esquema de manipulación contable. La Fiscalía imputó a ambos los delitos de peculado por apropiación, abuso de función pública y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó los cargos, y el juez ordenó que ambos paguen una caución superior a 10 millones de pesos cada uno. Además, dos rectores de colegios públicos ya fueron procesados por presuntamente facilitar el accionar ilegal.