Una denuncia que remece los cimientos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) destapa lo que podría convertirse en uno de los escándalos administrativos más incómodos del año. En el centro de la controversia aparece la exreina, modelo y actriz Jeymmy Paola Vargas Gómez, actual contratista de la entidad, señalada en un documento formal de haber presentado un título técnico presuntamente falso dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-IPCC-0016-2025, por un valor de $55 millones.
Aunque el caso se encuentra bajo verificación, el contenido de la denuncia —que ya circula en los despachos de control distrital y nacional— deja al descubierto una serie de inconsistencias financieras y documentales que ponen en entredicho la transparencia del proceso contractual.
- El contrato que genera sospechas
El acuerdo, con una duración inicial de nueve meses, establece un pago mensual de $5 millones. Sin embargo, la minuta complementaria —firmada por las partes— refleja el compromiso de once pagos por el mismo valor, lo que elevaría el ingreso mensual real a más de $6,1 millones, cifra superior al rango permitido para el nivel técnico según la Resolución 6000 de 2020 de la Alcaldía de Cartagena.
La denuncia advierte que esta diferencia habría sido camuflada administrativamente al fraccionar los pagos para simular que los honorarios estaban dentro de los límites legales. Si esto se confirma, se trataría de una maniobra irregular en la distribución de los recursos, lo que podría derivar en un detrimento patrimonial para las arcas distritales.
- El título bajo la lupa
El componente más delicado del caso gira en torno al certificado académico presentado por Vargas Gómez, en el que se acredita como Técnica Laboral en Actuación y Teatro de la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMA) del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).
Una revisión del documento adjunto a su hoja de vida revela diferencias notorias en la tipografía y coloración del texto, lo que generó sospechas sobre su autenticidad.
Ante ello, el denunciante solicitó verificación directa al IMCT, que el 9 de octubre de 2025 respondió oficialmente que no existe ningún registro académico, matrícula ni certificación a nombre de Vargas Gómez en ese programa.
El oficio firmado por la institución es categórico: el documento en cuestión no fue expedido por la EMA ni por el IMCT y difiere del formato oficial aprobado para los diplomas emitidos en 2022.
- Posible sobrepago y efectos disciplinarios
De acuerdo con la normatividad distrital, si se comprobara que la contratista solo posee título de bachiller, el rango de honorarios aplicable debería situarse entre $2,4 y $3,5 millones mensuales, cifras muy por debajo de los $5 millones pactados en el contrato.
Este diferencial, según expertos consultados, podría dar pie a acciones de tipo fiscal y disciplinario, si las autoridades determinan que el pago se realizó con base en información no veraz.
Juristas familiarizados con el caso señalan que, en escenarios similares, las investigaciones suelen girar en torno a uso de documentos presuntamente falsos, posible falsedad ideológica en documento público, o interés indebido en la celebración de contratos, sin que ello implique una acusación formal mientras los entes de control no emitan un pronunciamiento oficial.
Funcionarios en el radar y silencio institucional
El documento de denuncia menciona, además, a varios funcionarios del IPCC y de la Alcaldía de Cartagena que habrían intervenido en el proceso:
- Carmen Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC,
- Walter Navarro Rangel, asesor financiero externo de la Alcaldía, y
- Néstor Raúl Vásquez Santamaría, asesor del IPCC.
Todos figuran en la relación de personas con conocimiento directo del trámite contractual. Hasta ahora, ninguno de ellos ni la entidad han emitido pronunciamiento oficial, pese a la solicitud de aclaración pública que ha comenzado a circular en redes y medios locales.
- Lo que viene: los entes de control tienen la palabra
La denuncia fue remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que deberán establecer si los hechos descritos constituyen irregularidades sancionables o si, por el contrario, se trató de un error administrativo sin mayores consecuencias.
El episodio vuelve a encender las alarmas sobre la opacidad en los procesos de contratación del IPCC, una entidad que ha estado bajo escrutinio en varias oportunidades por cuestionamientos similares.
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Mientras tanto, el caso de Jeymmy Paola Vargas Gómez pone sobre la mesa un tema de fondo: ¿quién vigila la verificación de títulos, los montos y los criterios de idoneidad en las contrataciones públicas de Cartagena?
