“…andan con el cuento trasnochado de que en la provincia la corrupción es generalizada, cuando se ha demostrado que es en el centralismo donde se han desarrollado los mayores casos de corrupción en Colombia…”
La Ley de Competencias se encuentra actualmente en trámite de aprobación por parte del Congreso, como paso siguiente al Acto Legislativo 03 del 27 de diciembre de 2024, mediante el cual se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Esta reforma determinó que era hora de un verdadero avance hacia la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, fortaleciéndolos con la reforma del obsoleto Sistema General de Participaciones (SGP), otorgando un plazo de 12 años para que los entes territoriales alcancen el 40%.
La nueva ley vive un impresionante vaivén de obstáculos que buscan impedir su aprobación por parte del centralismo absorbente, descarado y corrupto, enemigo público de la descentralización. Su aprobación definiría la distribución de competencias y responsabilidades entre el Gobierno central y las entidades territoriales, aumentando los recursos que actualmente reciben las regiones del 20% al 40% del Presupuesto General, siendo posiblemente la transformación más grande que el Estado haya implementado desde la Constitución de 1991.
Los enemigos de esta aprobación desean imponer condicionamientos y amarres, es decir, ponerle “palos en la rueda”. No solo desde el Congreso de la República, sino también desde funcionarios del actual Gobierno del presidente Petro, donde ministerios e instituciones con altos recursos de inversión no desean que los dineros sean manejados desde la provincia. Y, por obvias razones, acuden al trillado argumento de que en la provincia “la corrupción es generalizada”, cuando se ha demostrado que es en el centralismo donde se han gestado los mayores escándalos de corrupción en Colombia.
El proceso por lograr la descentralización política, administrativa y fiscal en Colombia tiene más de 40 años de insulsas discusiones centralistas, cuando es evidente que este mal, propio de humanoides proclives a la corrupción, no es de izquierda ni de derecha, sino de bandidos. Y lo peor: está acolitado por cachacos, costeños, antioqueños, vallunos y gente de todo el país que vive en la capital y ha manejado a su antojo los recursos de todos. Por esa razón, seguimos con la bandera de ser uno de los países más inequitativos del mundo.
La inequidad solo recae sobre el vulgo trabajador y luchador por la subsistencia, no sobre quienes, desde el poder central, se han robado el país. Y para ejemplo sobran los casos: los famosos escándalos del saqueo en la Gestión del Riesgo, el tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, Prosperidad Social (DPS), Sociedad de Activos Especiales (SAE), Unidad de Víctimas, Unidad Nacional de Protección (UNP), Sistema General de Regalías, OCAD Paz, Odebrecht, Chambacú, Dragacol, Foncolpuertos, DIAN, Federación Colombiana de Fútbol, Fonade, Chatarrización, Ecopetrol, Reficar, Interbolsa, Dirección Nacional de Estupefacientes, entre muchos otros.
La discusión está centrada en que los recursos del Sistema General de Participaciones se orienten hacia agua potable y saneamiento básico, salud, educación y seguridad, bajo la premisa de que los gobiernos locales asumirán más funciones alrededor de estos rubros. Esto teniendo en cuenta que algunos departamentos tienen mayor capacidad de ingresos que otros, y que la idea central está dirigida al fortalecimiento institucional de las regiones con mayores brechas sociales.
Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 72% de los municipios dependen en más de la mitad de su presupuesto de las transferencias de la Nación, y apenas un 12% logra altos niveles de ingresos propios. Esto refleja la urgencia de fortalecer la tributación territorial mediante asesoría, modernización y mecanismos que garanticen transparencia.
En las regiones también hay corrupción, y es necesario contrarrestarla con un buen y exigente control ciudadano, órganos de control con vigilancia internacional, auditorías en tiempo real y control previo, capacitación a los funcionarios encargados del manejo de recursos, y sistemas de trazabilidad del gasto, rastreando y publicando en plataformas de fácil acceso los documentos, contratos y el flujo del dinero desde su origen hasta su destino final. Solo así será posible minimizar la ineficiencia, los elefantes blancos y la corrupción.
