La investigación penal por la supuesta falsificación de una certificación académica usada en un contrato con el IPCC ya está en manos de la Fiscalía 49 Seccional de Cartagena. El silencio del alcalde Dumek Turbay Paz y de algunos medios locales y nacionales enciende las alarmas sobre la influencia del poder y la pauta publicitaria en el manejo de la información.
El caso de Jeymmy Paola Vargas Gómez no solo deja al descubierto un posible uso irregular de documentos dentro del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), sino que reabre un debate incómodo: ¿Cuánto le cuesta el silencio a una administración donde la pauta publicitaria y los contratos OPS pueden más que la verdad?
724 | Noticias reveló y denunció inconsistencias en la hoja de vida presentada por la ex reina, actriz y modelo Jeymmy Paola Vargas Gómez, para el Contrato CPS-IPCC-0116-2025. En el informe se alertaba sobre una certificación académica presuntamente falsa y pagos de honorarios que no coincidían con la duración del contrato con el IPCC, bajo la dirección de Carmen Lucy Espinosa Díaz.
Este miércoles 22 de octubre de 2025 el caso fue trasladado de Fiscal de Intervención Temprana a Fiscal de Conocimiento, quedando asignado oficialmente a la Fiscalía 49 Seccional de Cartagena.
El proceso judicial se adelanta por el delito de “Falsedad en documento privado” (artículo 289 del Código Penal), el cual contempla penas de hasta seis años de prisión si se demuestra que el documento fue utilizado para obtener un beneficio o causar un perjuicio.
Fuentes judiciales confirmaron que la nueva fase implica recolección de pruebas, citación de testigos y análisis de los documentos originales aportados al contrato. Es decir, el caso entra formalmente en su etapa de investigación.
Tanto el alcalde Dumek Turbay Paz como la directora del IPCC, Carmen Lucy Espinosa Díaz, han mantenido silencio frente a los cuestionamientos, pese a que el caso ya cursa en la Fiscalía. De manera extraoficial, se conoce que el contrato suscrito con la ex reina habría sido finalizado, aunque la Administración Distrital no ha emitido comunicado público para aclarar los hechos.
Analistas locales coinciden en que esta actitud responde a una estrategia de contención mediática desde el Palacio de la Aduana, orientada a evitar que temas sensibles afecten la imagen del mandatario. El hermetismo, sin embargo, ha generado más preguntas que respuestas.
Paradójicamente, recuerdan observadores, una situación similar llevó en 2021 a la destitución de Cynthia Pérez Amador por un caso de falsificación de documentos en el gobierno Dau. Hoy, Pérez Amador hace parte de la administración de Turbay, vinculada al PES. La historia, parece, tiende a repetirse.
Cartagena enfrenta nuevamente el reflejo de su propia fragilidad institucional: denuncias que se apagan en los pasillos del poder, investigaciones que avanzan a cuentagotas y un periodismo nacional que guarda distancia cuando la pauta pesa demasiado.
Mientras la Fiscalía 49 Seccional inicia el proceso de fondo, los medios callan, las instituciones se repliegan y la ciudadanía observa con resignación, entre anuncios de grandes inversiones, preludios, fiestas novembrinas, futbol, modernidad, brillo y esplendor.
Sin embargo, si la justicia logra actuar con independencia, este caso podría abrir la puerta a una investigación más amplia sobre posibles irregularidades contractuales, uso indebido de certificaciones y redes de favores institucionales.
¿Será este caso un hecho aislado o el primer hilo de una red mucho más grande? Cartagena, una vez más, parece debatirse entre el maquillaje del poder y la verdad que insiste en salir a flote.
