Más de 250 reses fueron hurtadas en un mes en la zona rural de Sucre. El abigeato se convierte en una amenaza creciente para la economía, la seguridad y la confianza de los productores del campo, que piden mayor presencia institucional y cooperación comunitaria.
El eco de la sabana sucreña sigue clamando por atención inmediata ante la desatada ola de abigeato que azota su zona rural. El reciente incremento de este delito —más de 250 reses perdidas solo el pasado mes— refleja una grave problemática de seguridad, pero también un desafío social, económico y humano que exige unidad, cooperación y sensibilidad institucional. No se trata de señalar culpables, sino de construir soluciones conjuntas que devuelvan la confianza a quienes cada día siembran, crían y trabajan por mantener viva la economía rural, especialmente el sector ganadero.
Los ganaderos, tanto pequeños como grandes, son la columna vertebral del desarrollo económico del departamento. Su esfuerzo garantiza alimento, empleo y movimiento comercial en buena parte del territorio.
Hoy, sin embargo, ese sector se siente vulnerado y desprotegido. El abigeato no solo causa pérdidas materiales, sino que hiere el alma productiva del campo sucreño. Por eso, autoridades, instituciones y ciudadanía deben ofrecer un respaldo real y sostenido.
Es justo reconocer la gestión de la Secretaría del Interior de Sucre, bajo el liderazgo de Mileicy Barrios Chávez, así como el compromiso de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional. Sin embargo, la magnitud del fenómeno exige una estrategia más amplia y coordinada, basada en una alianza integral por la seguridad rural. En ella deben participar asociaciones ganaderas, juntas de acción comunal, alcaldes y medios de comunicación, que pueden ser aliados claves en la difusión de alertas tempranas y la promoción de la denuncia.
No basta con más controles o decretos. Se requiere presencia constante en el territorio. La instalación de patrullas rurales mixtas, apoyadas en tecnología y comunicación directa con los productores, podría marcar una diferencia significativa. Asimismo, es urgente fortalecer la judicialización de los casos, evitando que el esfuerzo policial se pierda en trámites o vacíos procesales. La ley debe hacerse sentir en el campo, no solo en los comunicados.
La lucha también necesita solidaridad entre los propios ganaderos. Fortalecer redes de apoyo, sistemas de aviso rápido y monitoreo compartido puede crear un escudo de seguridad. Si cada finca se convierte en un punto de vigilancia solidaria, el delito encontrará menos espacio para operar.
El productor rural necesita sentir que el Estado le pertenece y lo respalda. Un gesto de acompañamiento —visitas institucionales, jornadas de diálogo o reuniones en veredas— puede devolver la confianza perdida por el miedo y la impunidad. Sucre tiene historia, coraje y un campo fértil que resiste. Este llamado no es una queja: es una invitación a reconstruir la esperanza desde la acción colectiva.
La seguridad rural no debe verse como un gasto, sino como una inversión en la paz y la dignidad del campo.
Los ganaderos no piden privilegios: piden justicia, acompañamiento y garantías. Sucre, tierra de nobleza y trabajo, merece ese respaldo. Porque el verdadero triunfo no será cuando capturen a los cuatreros, sino cuando el campesino pueda dormir tranquilo, sabiendo que su ganado, su esfuerzo y su familia están protegidos.
Que esta columna sirva como puente entre el reclamo y la propuesta, entre la preocupación y la acción. Porque cada vaca hurtada es una herida abierta en la economía, pero cada acto de solidaridad es una semilla de esperanza que puede hacer renacer la confianza en nuestras sabanas sucreñas.
