Un fallo judicial sacude al Concejo Distrital y a la Universidad de Cartagena, y pone en entredicho la transparencia del proceso para elegir al próximo Contralor Distrital.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena declaró incumplidas las reglas de la convocatoria pública para la elección del Contralor Distrital 2026–2029, al comprobar que el Concejo Distrital y la Universidad de Cartagena admitieron aspirantes que no cumplían requisitos obligatorios, alterando de facto las condiciones del concurso.
La sentencia, proferida el 16 de diciembre de 2025, ordena la exclusión inmediata y definitiva de cuatro aspirantes —Yadira Morales Roncayo, Robinson Camilo Ojeda Ortiz, Alcibaldo Cruz León y Abraham Haydar Berrocal— por no haber presentado el certificado integral de antecedentes disciplinarios, documento exigido expresamente en la Resolución 185 de 2025 que rige el proceso.
- El núcleo del escándalo: cambiar las reglas en plena competencia
Según el fallo, los aspirantes admitidos presentaron únicamente un certificado de sanciones disciplinarias vigentes, documento distinto y más limitado que el exigido por la convocatoria. Para el juez, esta diferencia no es un formalismo, sino una alteración sustancial de las reglas del concurso.
“Aceptar un certificado parcial equivale a reescribir la convocatoria”, advierte la sentencia, al señalar que el certificado de antecedentes disciplinarios permite evaluar la trayectoria ética y disciplinaria completa del aspirante, no solo si tiene sanciones activas al momento.
El despacho concluyó que la Universidad de Cartagena flexibilizó unilateralmente un requisito obligatorio, incurriendo en un trato desigual frente a otros participantes y vulnerando los principios constitucionales de legalidad, igualdad, mérito y transparencia.
- Un golpe directo a la credibilidad del Concejo Distrital
El fallo también deja en una posición comprometida al Concejo de Cartagena, entidad que expidió la convocatoria y que, según el juez, guardó silencio frente a los requerimientos previos de la veeduría ciudadana que alertó sobre las irregularidades.
Para el juzgado, la conducta de las entidades demandadas no solo constituyó un incumplimiento administrativo, sino que socavó la legitimidad del proceso de selección de uno de los cargos más sensibles del control fiscal en la ciudad.
“La convocatoria es la norma del concurso y obliga a la administración”, recuerda el fallo citando jurisprudencia constitucional, subrayando que ninguna autoridad puede modificar sus reglas por conveniencia o interpretación discrecional.
- Advertencia judicial: no cumplir el fallo agravará la crisis
La decisión judicial va más allá de la exclusión de los aspirantes. El juzgado advirtió expresamente que cualquier intento posterior de mantenerlos en el proceso constituirá una nueva violación a la ley, con eventuales consecuencias disciplinarias y judiciales.
Este mensaje eleva la tensión política en Cartagena, donde el proceso de elección del Contralor ya venía siendo observado con lupa por organizaciones ciudadanas y sectores políticos que reclaman garantías de transparencia.
- ¿Qué está en juego? Mucho más que un cargo
La elección del Contralor Distrital no es un asunto menor: se trata del funcionario encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos, auditar la gestión administrativa y ejercer control fiscal sobre la administración distrital.
Por eso, este fallo no solo expone una irregularidad técnica, sino que abre un debate de fondo sobre la captura institucional, la manipulación de concursos públicos y la confianza ciudadana en los organismos de control.
Mientras el Concejo y la Universidad de Cartagena evalúan sus próximos pasos, la ciudad queda frente a una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Quién estaba interesado en cambiar las reglas del juego y por qué?
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