Cartagena vuelve a estremecerse por la violencia desatada. A pocos metros del Castillo de San Felipe, uno de los símbolos turísticos del país, un turista proveniente de Medellín fue baleado en el pecho durante un asalto armado, mientras su familia —incluido un menor de 15 años— vivía minutos de terror. El ataque ocurrió el pasado 7 de diciembre a plena luz del día en la estación de gasolina EDS Pie del Cerro, una zona que debería contar con máxima vigilancia. No la tuvo.
“Nos abordaron dos delincuentes que actuaron de manera coordinada: uno llegó en una moto negra y el otro se acercó a pie. Nos apuntaron con un arma de fuego para robarnos, se llevaron una cadena de 17 millones de pesos”, denunció la víctima ante la Fiscalía, detallando características de los asaltantes.
La familia conformada por padre, madre, dos hijas de 26 y 20 años y un menor de 15, estaban acompañadas de dos ciudadanos extranjeros, testigos directos del ataque. El mensaje es devastador: “esta ciudad está muy peligrosa, no hay seguridad”.
Un disparo que casi mata… y una bala que nadie encuentra
Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó directamente contra el padre de familia, impactándolo bajo la axila, una zona vital. “Por poco me cuesta la vida. La bala no ha sido extraída porque los médicos no la encuentran”, relata el herido en la denuncia penal. Disparos, un herido, un menor en riesgo y aun así, la respuesta del Estado fue lenta, débil y confusa.
- Atención médica mínima y traslado de alto riesgo
En la Clínica Cartagena del Mar, el herido recibió atención limitada: limpieza de la herida y una radiografía. Nada más. Ante la gravedad, fue remitido por tierra a Medellín en un viaje de más de 12 horas, poniendo nuevamente su vida en peligro. Sobrevivió de milagro.
La familia exige algo básico: los videos de seguridad de la estación y de los negocios cercanos. Esas imágenes podrían identificar a los delincuentes, pero el tiempo pasa. “Los videos corren el riesgo de perderse porque nadie actúa con urgencia, nadie los asegura y nadie asume responsabilidad”, denunció Ximena Suárez Narváez, esposa del herido.
- Autoridades ausentes y un caso congelado
La familia buscó ayuda del Secretario del Interior, Bruno Hernández, de altos mandos de la Policía y de autoridades distritales. Pero la respuesta ha sido vaga y hasta el momento no hay nada concreto como si fuera otro caso vía a la impunidad. Los afectados exigen acciones inmediatas, preservación de pruebas y resultados reales.
