Hay decisiones políticas que, aunque pretendan presentarse bajo el ropaje de la legalidad, dejan preguntas incómodas sobre sus verdaderas consecuencias. La autorización concedida por el Congreso de la República a Gustavo Petro para salir del país durante el año siguiente a su salida de la Presidencia es una de ellas.
Como ciudadano colombiano y como crítico de las políticas y de la manera de ejercer el poder durante el Gobierno Petro, no puedo mirar esta decisión con indiferencia. Aquí no se trata simplemente de determinar si un expresidente tiene derecho a viajar. La discusión de fondo es otra: ¿qué garantías existen para que una autorización de salida del país no termine siendo utilizada para eludir eventuales responsabilidades ante la justicia?
El senador J. P. Hernández y los integrantes de Salvación Nacional expresaron su oposición a la autorización. Tienen derecho a plantear una preocupación que también puede surgir entre sectores de la ciudadanía: ¿qué ocurriría si un expresidente decide permanecer en el exterior mientras avanzan investigaciones relacionadas con su administración o con antiguos funcionarios de su Gobierno? No estoy afirmando que eso vaya a suceder. Estoy planteando un escenario que, por sus implicaciones institucionales, merece ser discutido públicamente.
La historia política latinoamericana ofrece ejemplos de expresidentes que han terminado radicados fuera de sus países mientras enfrentan procesos judiciales. El caso de Rafael Correa, quien permanece en Bélgica después de una condena en Ecuador, suele aparecer como referencia en este tipo de debates. ¿Podría ocurrir algo semejante con Petro? Es una posibilidad que, en mi opinión, Colombia no debería ignorar.
Precisamente por eso considero cuestionable la decisión del Congreso. No porque un expresidente deba quedar privado de su libertad de movimiento, sino porque cualquier autorización de viaje debe ser compatible con el principio de que nadie está por encima de la justicia.
También resulta paradójico que sectores que durante años fueron oposición al petrismo hayan terminado respaldando una decisión que genera interrogantes sobre el futuro político y judicial del expresidente. ¿Dónde quedó entonces la oposición? ¿Dónde quedaron las promesas de ejercer un control político riguroso sobre el Gobierno Petro?
¿Dónde quedó el discurso de quienes durante cuatro años denunciaron los errores, cuestionamientos y escándalos de esa administración? Porque cuando llega la hora de votar, algunos parecen descubrir que las diferencias ideológicas pueden tener fecha de vencimiento.
El ciudadano observa y pregunta: ¿será que en Colombia los adversarios políticos solamente son adversarios mientras no necesitan ponerse de acuerdo? Es una pregunta legítima.
También aparecen en esta discusión nombres como Carlos Ramón González y Verónica Alcocer, entre otros antiguos integrantes o personas cercanas al Gobierno Petro, cuyos casos deberán ser examinados individualmente por las autoridades competentes. Precisamente por eso, cualquier eventual investigación debe desarrollarse con pleno respeto por el debido proceso, sin condenas anticipadas y sin convertir las controversias políticas en sentencias judiciales.
Pero existe un principio que debería ser innegociable: si la justicia requiere la presencia de una persona, su condición de expresidente no puede convertirse en un obstáculo para que comparezca ante las autoridades. La justicia colombiana no puede depender de la voluntad de un político de regresar al país.
Si un ciudadano tiene una orden judicial, debe responder ante las autoridades. Si un funcionario es requerido por la justicia, debe comparecer conforme a la ley. Entonces, ¿por qué habría de existir un trato diferente para un expresidente?
Petro fue presidente de Colombia. Eso merece reconocimiento institucional, pero no lo convierte en intocable ni le concede inmunidad frente a eventuales investigaciones relacionadas con su gestión pública. Y aquí está el verdadero punto de esta discusión.
El Congreso puede autorizar un viaje. Lo que no puede hacer es garantizar que una persona permanezca fuera del alcance de la justicia si en algún momento las autoridades competentes requieren su comparecencia.
Como ciudadano, tengo serias reservas frente a la posibilidad de que esta autorización termine siendo utilizada para establecer una residencia prolongada fuera de Colombia. No afirmo que ese sea el propósito de Gustavo Petro. No tengo elementos para asegurarlo, pero sí considero legítimo advertir sobre el riesgo institucional que supondría que cualquier expresidente utilizara una autorización de salida del país para dificultar su eventual comparecencia ante la justicia. Ojalá esa preocupación resulte infundada.
Porque una cosa es garantizar los derechos de un expresidente y otra muy distinta es permitir que una autorización política pueda convertirse, en la práctica, en una barrera frente a eventuales actuaciones judiciales. Colombia está cansada de los privilegios, cansada de los pactos políticos, cansada de que quienes ejercen el poder parezcan encontrar siempre una puerta de salida mientras al ciudadano común le corresponde responder directamente por sus actos. Petro puede salir del país, pero si alguna autoridad judicial lo requiere, deberá responder conforme a la ley.
Y si en algún momento decide no hacerlo, serán las instituciones competentes las llamadas a determinar las consecuencias jurídicas de esa decisión. Entonces la pregunta que hoy queda sobre la mesa no es solamente si Gustavo Petro tiene derecho a viajar. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿Puede una autorización política convertirse en una garantía de permanencia en el exterior frente a eventuales responsabilidades judiciales? La respuesta debería ser clara: ningún ex presidente, ningún funcionario y ningún ciudadano puede estar por encima de la justicia. La historia juzgará a Petro, pero también juzgará las decisiones de quienes hoy le abrieron la puerta.
