En una declaración que ya genera amplio eco en el escenario político nacional, Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, lanzó una de las advertencias más contundentes de la actual coyuntura electoral: para él, la principal amenaza que enfrenta hoy Colombia es una criminalidad desbordada, sostenida por una economía ilícita sin precedentes cuyo eje central es la coca.
De La Espriella afirmó que el país atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, con organizaciones criminales fortalecidas como nunca antes. Según expuso, Colombia registra actualmente más de 330.000 hectáreas de cultivos de coca, una cifra histórica que, a su juicio, explica la expansión de la violencia, la extorsión y el control territorial tanto en zonas rurales como urbanas. “Con estos niveles de producción, el crimen organizado tiene recursos prácticamente ilimitados para financiar la violencia y someter a comunidades enteras”, sostuvo.
El aspirante presidencial aseguró que, de llegar al poder, enfrentará esta forma de criminalidad “de manera frontal y sin contemplaciones”, con el objetivo de devolverles a los colombianos la seguridad, la libertad y la tranquilidad en su vida cotidiana. En ese contexto, insistió en que cualquier estrategia seria de seguridad debe atacar la raíz del problema: la economía de la coca.
Como parte de su propuesta, planteó la reactivación inmediata de la fumigación, dentro del marco constitucional y legal, mediante el uso combinado de bioherbicidas, aspersión aérea, drones, erradicación manual y todas las capacidades disponibles del Estado. Reconoció que estas tecnologías implican mayores costos, pero afirmó que permiten actuar con mayor eficacia y respetando la ley.
De La Espriella también puso el foco en el debilitamiento de la inteligencia estatal en los últimos años, calificándolo como un factor determinante en la pérdida de control territorial. Aseguró que su reconstrucción es indispensable para ejecutar operaciones precisas contra estructuras criminales.
“El Estado no puede renunciar a su obligación constitucional de ejercer la fuerza legítima”, enfatizó, al tiempo que señaló que, con inteligencia robusta, es posible realizar operaciones y bombardeos selectivos, minimizando al máximo la pérdida de vidas humanas.
Frente al debate sobre la presencia de menores de edad en campamentos ilegales, De La Espriella fue categórico al señalar como responsables directos a los grupos narcoterroristas. Según dijo, son estas organizaciones las que incorporan a niños y niñas al conflicto y los utilizan como escudos humanos. Advirtió que esta práctica, que calificó como deplorable, no puede convertirse en un argumento para paralizar la acción del Estado ni para permitir que la criminalidad siga expandiéndose.
El candidato subrayó que la política de seguridad debe ir acompañada de un programa serio y efectivo de sustitución de cultivos, orientado a ofrecer alternativas reales a más de 500.000 familias que hoy dependen de la coca por falta de oportunidades. En ese punto, marcó una diferencia clara entre actores: “Todo el peso de la ley para los narcotraficantes, y todas las garantías para las familias cocaleras”, afirmó, insistiendo en la necesidad de que estas puedan construir un futuro legal y digno.
Finalmente, De La Espriella sostuvo que el desmonte de las economías criminales es una condición indispensable no solo para enfrentar el narcotráfico, sino también otros flagelos que golpean a diario a la ciudadanía, como la extorsión, que afecta por igual a grandes empresarios, pequeños comerciantes y sectores vulnerables.
Sus declaraciones reavivan el debate nacional sobre seguridad, drogas y autoridad del Estado, y anticipan que este será uno de los ejes centrales de la contienda política que se avecina.
