La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió en las ultimas horas acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un exparlamentario dentro del proceso por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Asimismo, el alto tribunal ordenó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los congresistas recién reelegidos Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique.
El senador reelecto Wadith Manzur se presentó en la mañana de este jueves 12 de marzo en el búnker de la Fiscalía General de la Nación para ponerse a disposición de las autoridades, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunciara la expedición de una orden de captura en su contra por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El congresista, quien logró su reelección en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo como uno de los candidatos más votados del país, llegó poco después de las seis de la mañana a las instalaciones del ente acusador en Bogotá. Desde allí permanece a la espera de las decisiones judiciales que adopte el alto tribunal en el marco del proceso.
La orden de captura también fue emitida contra la representante a la Cámara Karen Manrique, en medio de la investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos de la UNGRD.
A través de su cuenta en la red social X, Manzur aseguró que recibe la decisión judicial con tranquilidad. “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.
El senador agregó que confía en que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos. “Confío en la justicia y en que este proceso permitirá demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”.
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador Manzur y a la representante Manrique por el presunto delito de cohecho impropio, dentro del amplio escándalo de corrupción que rodea la contratación en la UNGRD.
Además de los dos congresistas, el alto tribunal también llamó a juicio a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como al representante Julián Peinado y al ex congresista Juan Diego Muñoz, aunque estos continuarán el proceso en libertad.
Según la investigación del alto tribunal, los congresistas habrían favorecido operaciones de crédito impulsadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de supuestas coimas materializadas mediante contratos otorgados por la UNGRD.
“La Sala considera que el amplio material probatorio recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron incurrir en el delito de cohecho impropio”, señaló la Corte en el expediente.
Manzur, oriundo del departamento de Córdoba, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador Colombiano en las elecciones legislativas recientes y logró su reelección con 134.914 votos, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Otros investigados en el escándalo de la UNGRD
El caso de la UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción política de los últimos años en Colombia. Entre los principales implicados aparece el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien, según la Fiscalía, habría sido determinante —junto con el exdirector de la UNGRD Olmedo López— para la adjudicación de tres contratos por cerca de 92.000 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, los recursos habrían sido utilizados para beneficiar a congresistas a cambio de su respaldo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno en el Congreso.
Por este caso también fueron enviados a prisión en 2025 el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el propio Bonilla, mientras avanzan investigaciones por delitos como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía sostiene que ambos habrían liderado una presunta organización criminal que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para asegurar apoyos políticos mediante contratos y proyectos.
Dentro del mismo proceso judicial también fueron capturados el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara Andrés Calle y la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz.
El avance de estas investigaciones mantiene en el centro del debate político nacional el manejo de los recursos públicos y el presunto uso de contratos estatales para asegurar mayorías legislativas.
