La polémica por el manejo de los recursos de las Fiestas de Independencia 2025 escaló a un nuevo nivel. Un fallo de segunda instancia dejó en evidencia graves vacíos en la respuesta de la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, obligándolo a rendir cuentas completas en un plazo perentorio.
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena no solo confirmó la sentencia previa, sino que fue contundente: la información entregada por el Distrito y sus entidades fue incompleta, incongruente y evasiva. El proceso se origina en un derecho de petición presentado el 25 de septiembre de 2025 por Jairo Tobinson Ochoa, presidente de la veeduría VEVINUSA, quien solicitó detalles sobre la planeación de las fiestas, la contratación, la ejecución presupuestal, los informes de supervisión y el informe final del proyecto.
El fallo es demoledor: tras analizar las pruebas, el juez concluyó que ninguna de las entidades respondió de manera integral los 10 puntos solicitados. La decisión judicial deja al descubierto un patrón preocupante: entidades que remiten la responsabilidad a terceros, falta de gestión para obtener información faltante, respuestas parciales y sin fondo real, y la ausencia total del informe final del proyecto.
Incluso organismos como el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Corporación Turismo Cartagena de Indias aseguraron haber respondido, pero el juez desmontó esa tesis: «responder no es lo mismo que responder bien ni completamente».
Durante el proceso, la Alcaldía y sus entidades insistieron en que el caso estaba superado, alegando que ya habían entregado la información. Sin embargo, el juzgado fue claro: no existe “hecho superado” cuando la respuesta no es completa, clara ni congruente.
La conclusión fue tajante: la petición no ha sido resuelta de fondo. El fallo ratifica la orden directa contra la Alcaldía de Cartagena: responder de fondo, clara y completamente, y cumplir en máximo 48 horas. Además, activa alarmas institucionales con copia a la Procuraduría General de la Nación y notificación a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, lo que abre la puerta a investigaciones disciplinarias.
El juez recordó que el derecho de petición, protegido por el artículo 23 de la Constitución, exige tres condiciones: respuesta oportuna, respuesta de fondo y respuesta clara y congruente, y advirtió algo clave: una respuesta incompleta equivale a una vulneración del derecho fundamental.
Uno de los elementos más delicados del fallo es que no fue entregado el informe final del proyecto de las fiestas 2025. Además, varios numerales clave quedaron sin resolver, especialmente aquellos relacionados con la ejecución financiera real, el detalle contractual y el soporte técnico de decisiones.
El juzgado fue más allá del caso puntual y dejó una advertencia implícita: no basta con enviar documentos, no basta con responder parcialmente y no basta con trasladar responsabilidades; la administración está obligada a garantizar respuestas completas, incluso si debe gestionar la información con otras entidades.
El fallo no solo deja mal parada a la administración distrital, sino que abre un escenario de alto riesgo político y disciplinario. Ahora el foco está en si el alcalde Dumek Turbay Paz cumple en el plazo exigido, entrega toda la información faltante o enfrenta consecuencias mayores.
En una ciudad donde las fiestas de Independencia representan millones en inversión pública, la falta de claridad en el manejo de recursos se convierte en un tema explosivo. La ciudadanía exige respuestas. La justicia ya habló. Ahora, la transparencia está a prueba.
