Colombia es un país que se ha venido acostumbrando a enterrar a sus muertos bajo el ruido de los aplausos electorales. Aquí, el luto no constituye un espacio sagrado para el silencio o la reflexión privada, sino una tarima improvisada donde las lágrimas se mezclan con la ambición de poder. La necrofilia política se ha convertido en una institución nacional: una herencia maldita que transforma los cementerios en convenciones partidistas y las cenizas en capital electoral.
El origen moderno de esta perversa tradición se remonta a 1989, en aquel fatídico agosto que cambió el rumbo del país. Frente al féretro de Luis Carlos Galán, en una escena que la historia oficial ha intentado revestir de heroísmo, asistimos en realidad a una de las mayores irresponsabilidades políticas de nuestra era.
En plena inhumación, un joven Juan Manuel Galán, cegado por el dolor o quizá mal asesorado por la intensidad del momento, decidió que el destino de una nación podía entregarse como una herencia personal. Aquella proclama de ceder las banderas del Nuevo Liberalismo a César Gaviria no fue un acto de justicia, sino un salto al vacío que terminó encumbrando a una figura que, para muchos, desdibujó el ideal de su mentor y cuya gestión dejó profundas cicatrices en el tejido social y económico del país. Allí se institucionalizó la idea de que la muerte de un líder equivale a un cheque en blanco para su sucesor.
Desde entonces, la fórmula se ha repetido con una fidelidad nauseabunda. Lo vimos nuevamente tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El dolor legítimo de una familia jamás debería convertirse en el motor de una campaña política. Sin embargo, en Colombia, tanto su esposa, María Claudia Tarazona, como su padre, Miguel Uribe Londoño, parecen haber transformado la tragedia en una marca política, una credencial emocional de acceso a las urnas que se agita frente a un electorado que, demasiadas veces, vota más por compasión o revancha que por propuestas de gobierno.
El episodio más reciente de esta cadena de oportunismo tiene como protagonista a Clemencia Vargas, hija del recientemente fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En una escena que evoca los peores fantasmas de 1989, la joven aprovechó el funeral de su padre para lanzar críticas contra figuras de la oposición, particularmente contra Iván Cepeda.
Resulta, por decir lo menos, audaz pretender interpretar la voluntad última de un difunto con fines proselitistas. Mientras el cuerpo de Vargas Lleras aún no recibía sepultura, su hija ya señalaba quiénes debían ser considerados enemigos de su memoria, atribuyéndole pensamientos que el propio exvicepresidente, en vida y con plena capacidad de expresión pública, jamás formuló con semejante virulencia.
Esta práctica no solo resulta estéticamente reprochable; también es democráticamente peligrosa. Cuando se vota por “el heredero del muerto”, se anula el debate de las ideas y se reemplaza por una lealtad emocional ciega que impide evaluar objetivamente las capacidades y propuestas de quien aspira al poder.
El uso del cadáver como escudo político y de la orfandad como programa de gobierno constituye una falta de respeto, en primer lugar, hacia el fallecido, a quien se le niega la dignidad del descanso para convertirlo en un fetiche electoral. Y, en segundo lugar, representa una bofetada para una ciudadanía que merece propuestas reales y debates serios, no chantajes sentimentales nacidos de la tragedia.
Colombia necesita dejar de heredar presidencias y curules en los cementerios. Mientras sigamos permitiendo que proclamas improvisadas en los entierros definan nuestro futuro político, continuaremos siendo una nación incapaz de distinguir entre un funeral y una contienda electoral, condenada a repetir los errores de quienes, bajo el pretexto de honrar una memoria, terminan sirviendo únicamente a sus propios intereses.
