Una operación militar y policial contra la minería ilegal terminó convertida en una explosiva crisis de orden público en el sur del Tolima. Trece integrantes de la fuerza pública resultaron heridos luego de ser atacados en medio de una asonada registrada en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco.
El operativo, adelantado por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 20, la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3 y unidades de Policía y Carabineros, buscaba golpear estructuras ligadas a la minería ilegal en el sector conocido como Puente Amarillo. Sin embargo, lo que comenzó como una intervención de control terminó en un escenario de alta tensión, hostigamientos y agresiones directas contra los uniformados.
De acuerdo con reportes oficiales, la fuerza pública fue rodeada y atacada por personas presentes en la zona, obligando a militares y policías a replegarse y buscar refugio dentro de la estación de Policía del corregimiento para evitar una situación aún más grave.
La magnitud del ataque encendió las alarmas de las autoridades departamentales. Mientras los uniformados permanecían resguardados, se activó un consejo extraordinario de seguridad con participación de mandos militares, autoridades locales y organismos departamentales para coordinar una extracción segura y evitar que la confrontación escalara a niveles críticos.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el balance preliminar: un oficial, dos suboficiales y diez soldados resultaron golpeados y lesionados durante la asonada.
Aunque las autoridades aseguraron que no se han reportado civiles heridos, la situación tomó un giro aún más delicado tras conocerse denuncias sobre la posible utilización de menores de edad y miembros de la comunidad en medio de las confrontaciones, una práctica que incrementa la gravedad humanitaria y judicial del caso.
La crisis también deja al descubierto la creciente tensión que existe en varias regiones del país alrededor de las economías ilegales. La minería clandestina no solo representa una amenaza ambiental y económica, sino que cada vez más aparece asociada a escenarios de control territorial, presión contra el Estado y violencia organizada.
Ante el riesgo de una escalada, las autoridades decidieron enviar al personero municipal, al alcalde y al defensor regional del pueblo hasta Santiago Pérez para abrir canales de diálogo y buscar una salida que permita recuperar el control institucional en la zona.
Lo ocurrido en Ataco evidencia cómo las operaciones contra economías ilícitas están encontrando una resistencia cada vez más agresiva en territorios donde el Estado enfrenta enormes desafíos de gobernabilidad y seguridad.
