La región suroccidental de Colombia enfrenta una de las ofensivas armadas más intensas de los últimos años. En Cauca, Valle del Cauca y Nariño, una serie de ataques coordinados con explosivos de alto poder ha dejado al menos 20 muertos, decenas de heridos y un clima generalizado de temor entre la población civil.
De acuerdo con el comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Royer Gómez Herrera, se han registrado 37 acciones violentas atribuidas principalmente a las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco, jefe del autodenominado Estado Mayor Central.
Uno de los elementos más preocupantes de esta ofensiva es la sofisticación en el uso de explosivos. Según las autoridades, se trata de cargas diseñadas para destruir vehículos blindados, pero con efectos indiscriminados sobre civiles.
La modalidad es recurrente: pequeños grupos ejecutan maniobras de distracción para atraer a unidades militares hacia zonas previamente minadas o preparadas con artefactos explosivos. Corredores estratégicos como la vía Panamericana se han convertido en escenarios críticos, donde el tránsito civil queda expuesto a ataques de alto impacto.
Las investigaciones apuntan al fortalecimiento del llamado Bloque Occidental Jacobo Arenas, liderado por alias “Marlon”, que articula varias subestructuras con control territorial y financiero: Dagoberto Ramos Ortiz, Jaime Martínez, Carlos Patiño, Franco Benavides y Andrés Patiño.
Estas estructuras sostienen su capacidad operativa a partir del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, cuyos recursos están siendo reinvertidos en armamento, drones, explosivos y reclutamiento forzado, incluyendo menores de edad.
Más allá del componente militar, la crisis tiene un profundo impacto humanitario. En zonas como el Cañón del Micay, comunidades enteras permanecen atrapadas entre la presión de los grupos armados y las operaciones de la Fuerza Pública.
El alto mando militar advierte que la persistencia del narcotráfico dificulta cualquier intento de estabilización. La erradicación de cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios, aunque estratégicas, generan tensiones sociales en territorios históricamente afectados por la ausencia estatal en servicios básicos e infraestructura.
Frente a la escalada, el Ejército Nacional de Colombia ha intensificado el despliegue en puntos estratégicos, especialmente en corredores viales clave. Paralelamente, avanzan operaciones de inteligencia dirigidas a neutralizar a Iván Mordisco y su red de mando.
Aunque las autoridades reportan golpes recientes a estructuras intermedias, reconocen que la captura de los principales cabecillas sigue siendo un desafío debido a su alta movilidad y esquemas de seguridad.
La ofensiva en el suroccidente evidencia un fortalecimiento preocupante de los grupos narcosubversivos, que hoy cuentan con mayor capacidad operativa y letalidad. El uso sistemático de explosivos de alto poder marca un punto de inflexión en el conflicto, incrementando el riesgo para la población civil.
En este contexto, Colombia enfrenta un deterioro significativo en materia de seguridad regional, mientras crece la presión por respuestas estatales más efectivas que garanticen la protección de las comunidades y el control del territorio.
