La escena parece escrita por un libretista de comedia negra: la Fiscalía cita a alias “Calarcá”, uno de los hombres más poderosos y temidos de las disidencias armadas, para imputarle cargos graves; llega el día de la audiencia, el criminal no aparece, tampoco su abogado, y el Estado colombiano, sorprendido, decide reprogramar la diligencia. Como si se tratara de un ciudadano cualquiera que olvidó una cita odontológica y no de un jefe armado señalado de homicidio, desaparición forzada y concierto para delinquir.
Pero aquí la pregunta no es por qué “Calarcá” no asistió. La verdadera pregunta es: ¿quién podía creer seriamente que sí lo haría? Resulta casi ofensivo para la inteligencia colectiva fingir sorpresa. “Calarcá” no es un académico distraído ni un político investigado por corrupción administrativa. Es el jefe de una estructura criminal armada que opera en regiones enteras del país, disputa territorios, desplaza comunidades y mantiene control ilegal sobre corredores estratégicos. La propia Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la violencia derivada de las disputas entre sus estructuras y otros grupos armados.
¿De verdad alguien en la Fiscalía pensó que un hombre así iba a sentarse dócilmente frente a un juez, aceptar una imputación y someterse al ritual judicial de la institucionalidad que lleva años desafiando con fusiles?
La ausencia de “Calarcá” no demuestra la astucia del criminal. Demuestra la fragilidad del Estado. Y, más grave aún, expone el fracaso político y moral de la llamada “paz total”, esa bandera ideológica del gobierno Petro que prometía pacificar el país dialogando simultáneamente con todos los actores armados, pero que, en la práctica, terminó enviando un mensaje devastador: delinquir en Colombia puede convertirse en una plataforma de negociación política.
Lo sucedido no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de años de ambigüedad estatal. Mientras el Gobierno habla de paz, muchos cabecillas interpretan esa disposición como debilidad. Mientras el Ejecutivo insiste en procesos de acercamiento, las estructuras criminales fortalecen el control territorial, aumentan su capacidad armada y continúan delinquiendo. Las recientes denuncias y controversias alrededor de grupos asociados a “Calarcá” evidencian que las acciones violentas nunca se detuvieron realmente.
Y en medio de todo aparece una Fiscalía cuya actuación genera cada vez más dudas. Porque el problema no es solo que la audiencia fracasara. El problema es la sensación de complacencia institucional. Existe una percepción creciente —alimentada por hechos, silencios y tibiezas— de que ciertos sectores de la Fiscalía actúan con excesiva prudencia frente a estructuras criminales cobijadas políticamente por la narrativa de la paz total.
Muchos colombianos sienten que la justicia se volvió selectivamente ingenua: fuerte con el ciudadano común, lenta y casi contemplativa con quienes tienen fusiles y capacidad de presión armada. Y aquí incluso el abogado de “Calarcá” termina pareciendo el personaje más sensato de toda la historia. ¿A qué iba a asistir? ¿Qué iba a defender? ¿Cómo justificar la presencia de un hombre señalado de dirigir estructuras ilegales mientras simultáneamente participa en diálogos políticos y conserva beneficios derivados de esos acercamientos? La ausencia del defensor fue, en el fondo, una confesión tácita de la incoherencia completa del escenario.
Porque la paz no puede construirse sobre la humillación permanente del Estado. Ningún proceso serio puede sostenerse cuando los grupos armados perciben que tienen más capacidad de imponer condiciones que las propias instituciones. La paz requiere autoridad, no ingenuidad. Requiere justicia firme, no simbolismos mediáticos. Requiere que el criminal entienda que negociar no significa burlarse del país.
Lo ocurrido con “Calarcá” retrata perfectamente el momento político colombiano: un Gobierno empeñado en vender avances de paz mientras los hechos demuestran pérdida de control; una Fiscalía atrapada entre la obligación de actuar y el temor de incomodar el discurso oficial; y unos ciudadanos que observan cómo los cabecillas armados parecen moverse entre la ilegalidad y la legitimidad política con una tranquilidad insultante.
La audiencia aplazada no es simplemente un trámite judicial fallido. Es una metáfora nacional. El Estado cita. El criminal ignora. La justicia reprograma. Y Colombia, una vez más, queda plantada.
