De las tres lacras que carcomen nuestra sociedad —corrupción, violencia y narcotráfico—, la peor de ellas es esta última, porque alimenta y agudiza las dos primeras y tiene, además, otras consecuencias muy dañinas.
En efecto, el narcotráfico genera graves males en la economía, el medio ambiente y la salud pública. El impacto económico es devastador. Altera al alza los precios de los predios y de la vivienda rural y urbana, y genera una burbuja inmobiliaria por la demanda de capos y traquetos; dispara el contrabando como mecanismo de lavado de activos y perjudica a la industria nacional y a los comerciantes lícitos, que tienen que competir en condiciones desiguales con los contrabandistas; disminuye la mano de obra disponible para los cultivos lícitos y la encarece; fomenta la inseguridad alimentaria y aumenta la inflación al restringir la oferta de alimentos, cuya producción se ve desplazada por la coca y la marihuana; impacta la tasa de cambio al generar una distorsión de precios por la entrada masiva e ilegal de dólares y, en paralelo, hace menos competitivas las exportaciones lícitas nacionales; etc.
Las repercusiones sobre la naturaleza son catastróficas. Centenares de miles de hectáreas de selvas y bosques son deforestadas cada año por los cultivos ilícitos; se envenenan ríos, lagos y lagunas con los precursores utilizados en la fabricación de cocaína; se contaminan las tierras con los herbicidas y defoliantes que usan los narcos para aumentar la producción de los narcocultivos; etc.
En materia de salud pública, los datos son cada vez peores. Los narcotraficantes se alimentan de los consumidores y están permanentemente a la caza de nuevos usuarios. Como, además, la producción de cocaína es descomunal, están en el afán permanente de ampliar el mercado interno. El número de consumidores y de adictos aumenta cada día. La prevalencia del consumo de sustancias psicotrópicas en la población de 12 a 65 años creció del 9,9 % en 2016 al 13,1 % en 2025. El aumento se ha dado tanto en hombres —de 15,8 % a 20,1 % (uno de cada cinco)— como en mujeres —de 4,3 % a 6,7 %—, y la edad promedio de inicio del consumo de sustancias ilícitas ha bajado a 13,7 años.
En paralelo, el narcotráfico ha hecho un daño descomunal a la democracia y a la ética pública, y explica en buena parte la agudización de la corrupción. Los narcos sobornan policías, militares, jueces y funcionarios de puertos y aduanas, y compran políticos a tutiplén. A Samper le financiaron su presidencia. Decenas de parlamentarios han hecho sus campañas con los narcos. La parapolítica es una de sus caras; la farcpolítica, otra. El pacto de La Picota les permitió ganar la Presidencia y ahora impulsan la candidatura de su heredero. La liberación de los capos de las bandas criminales y la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo” y de otros 28 jefes del Clan del Golfo buscan impactar las elecciones, permitiéndoles a los grupos violentos presionar a los electores a punta de fusil y pistola.
Para rematar, el narcotráfico destruyó la idea de que la riqueza era fruto del trabajo honrado, juicioso y disciplinado a lo largo de muchos años, y vendió la noción de que se podía hacer fortuna fácil y rápidamente, violando la ley. Por eso hay tantos que hoy entran a la administración pública con el ánimo de hacerse ricos “aprovechando su cuarto de hora”. Prueba de ello es este gobierno de Petro, el más corrupto de la historia, que se roba hasta los inodoros.
Finalmente, nadie duda de que el narcotráfico es el motor y la gasolina de los grupos violentos, la razón fundamental por la cual fracasan, uno tras otro, los intentos de “hacer la paz”, y la causa de centenares de miles de muertos. La sangre de los asesinados por el narcotráfico mancha todo el territorio nacional.
Pues bien, dos de los candidatos a la Presidencia han hecho su carrera a hombros de los narcos y de sus fortunas. Ambos son enemigos de la extradición. Alguien dirá que todos los criminales tienen derecho a su defensa y que esa es tarea de los penalistas. Habría que decir que hay penalistas y penalistas, y que los clientes de los más respetados y reputados —Bazzani, Bernate, Cancino, Granados, Gómez Méndez, Lombana y Riveros, por ejemplo— no son las Farc, los paras ni los capos. Los abogados tienen el derecho y la posibilidad de escoger a sus clientes. En cualquier caso, un país que ha sufrido durante décadas la violencia del narcotráfico y ha puesto centenares de miles de muertos, ¿merece tener abogados del narcotráfico como presidentes de la República?
Yo no tengo duda sobre mi respuesta. Paloma no tiene esqueletos en el clóset ni ha construido fortuna de la mano del narco. Al contrario, ella sí ha dado pruebas, toda su vida, de su compromiso contra los violentos y el narcotráfico. Uno, abogado de las Farc; otro, abogado de los demás mafiosos. Paloma, en cambio, abogada de todos los buenos colombianos.
