Hay preguntas que una ciudad no puede dejar de hacerle a su gobernante. Y en Cartagena hoy hay una que resuena cada vez con más fuerza: Señor alcalde Dumek Turbay, ¿qué derechos respeta realmente su administración?
La pregunta no nace del capricho político ni de la oposición automática. Nace de hechos concretos, decisiones judiciales y actuaciones públicas que han empezado a dibujar una contradicción difícil de ignorar.
Porque mientras el Plan de Desarrollo de su gobierno se presenta bajo el nombre de “Cartagena, Ciudad de Derechos”, son muchos ciudadanos, periodistas y veedores que aseguran experimentar exactamente lo contrario: obstáculos para acceder a información pública, restricciones al debate crítico y respuestas insuficientes frente a solicitudes ciudadanas.
El caso más reciente quedó consignado en un fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito, mediante el cual se ordenó al alcalde responder de manera “completa, clara, congruente y sin evasivas” un derecho de petición presentado por el veedor Jairo Tobinson Ochoa, presidente de la Veeduría “Vevinusa”. La solicitud buscaba información relacionada con la planeación de las Fiestas de Noviembre de 2025, incluyendo contratación, ejecución presupuestal, informes de supervisión y resultados finales del proyecto.
Según el fallo, las respuestas entregadas inicialmente no habrían satisfecho los estándares constitucionales exigidos para garantizar el Derecho Fundamental de Petición y aquí aparece la primera gran contradicción política.
¿Cómo puede hablarse de una “Ciudad de Derechos” cuando ciudadanos deben acudir a los jueces para obtener información pública?
El derecho de petición no es una concesión del gobernante. Es una obligación constitucional. Está consagrado en el artículo 23 de la Constitución y representa uno de los mecanismos mínimos de control ciudadano sobre el poder público.
Cuando las respuestas oficiales son ambiguas, incompletas o evasivas —como concluyó el juez en este caso— lo que se erosiona no es solamente un trámite administrativo: es la confianza pública. Pero las inquietudes sobre libertades y garantías no terminan ahí.
Diversos sectores también han cuestionado el uso de mecanismos judiciales contra periodistas y comunicadores críticos de la administración. Aunque cualquier funcionario tiene derecho a acudir a la justicia cuando considere afectados sus derechos, resulta inevitable abrir el debate sobre el impacto que estas acciones pueden generar sobre la libertad de prensa y el ejercicio del control ciudadano.
Porque en democracia el poder debe tolerar el escrutinio. Y mientras más poder tiene un gobernante, mayor debe ser su capacidad para soportar la crítica pública. La tensión también se ha trasladado al espacio público.
Las decisiones relacionadas con restricciones y controles en lugares emblemáticos como el Parque Centenario han provocado inconformidad entre ciudadanos que consideran afectados derechos asociados al libre disfrute del espacio público, la movilidad y la recreación.
¿Puede una administración administrar el espacio público sin afectar la percepción de libertad de quienes lo habitan?
A esto se suma otro tema imposible de ocultar: el deterioro cotidiano que miles de cartageneros denuncian frente al sistema de transporte masivo. Esperas interminables, rutas insuficientes, hacinamiento y buses sin condiciones adecuadas bajo temperaturas extremas hacen que movilizarse en Cartagena sea, para muchos ciudadanos, una experiencia cada vez más indigna.
Y aunque gobernar una ciudad compleja implica enormes desafíos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados cuando los servicios esenciales afectan directamente su calidad de vida.
Finalmente, persisten cuestionamientos públicos alrededor de procesos contractuales de la administración distrital. Algunos sectores políticos, veedurías y ciudadanos han solicitado mayor transparencia frente a contratos y adjudicaciones, especialmente en casos donde se han denunciado presuntas irregularidades documentales o posibles conflictos de interés.
Corresponderá a los organismos de control determinar si dichas denuncias tienen fundamento jurídico o disciplinario. Pero políticamente el daño ya existe: la percepción de opacidad empieza a instalarse en sectores de la opinión pública. Y en política, la confianza perdida rara vez se recupera con discursos. Por eso la pregunta sigue viva. Alcalde Dumek Turbay: si Cartagena es realmente una “Ciudad de Derechos”, ¿por qué tantos ciudadanos sienten que deben pelear incluso por los más básicos?
