La Fiscalía General de la Nación judicializó a Yeimi Paola Vargas Gómez, ex reina, modelo y actriz, por su presunta responsabilidad en un entramado de fraude para acceder a recursos públicos mediante documentación falsa en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)
El caso dio un giro polémico desde el inicio: durante la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó que fuera declarada reservada, excluyendo a los medios de comunicación bajo el argumento de la posible vinculación de más personas. La decisión fue avalada por la juez 7 penal municipal de control de garantías de Cartagena, pese a cuestionamientos sobre la legalidad de cerrar un proceso que, por regla general, es público. Aun con las restricciones, se conoció que Vargas Gómez se declaró inocente de los cargos.
📌 El presunto fraude
De acuerdo con la investigación, la actriz habría presentado en la plataforma Secop II un diploma falso que la acreditaba como tecnóloga en actuación y teatro, supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Sin embargo, la verificación de la Dijín reveló que:
- No aparece en los registros de egresados
- El diploma no coincide con los formatos oficiales
- No existe soporte académico alguno
Con este documento, habría logrado mejorar su clasificación contractual y acceder a mayores honorarios dentro del IPCC.
El contrato fue firmado en marzo de 2025 por $55 millones, pero terminó anticipadamente en agosto. Según la Fiscalía, esto permitió una apropiación indebida de al menos $8.647.500 derivados del supuesto nivel académico falso.
El expediente también señala una presunta coparticipación con la entonces directora del IPCC, Carmen Lucy Espinosa. Según trascendiò, el diploma falso habría sido gestionado con apoyo desde el interior de la entidad, incluso con intervención de un asesor.
La exdirectora del IPCC Carmen Lucy Espinosa no asistió a la audiencia alegando incapacidad médica, por lo que se solicitó una ruptura procesal para continuar el caso contra Vargas Gómez de forma independiente.
La Fiscalía imputó a la exreina los delitos de:
- Falsedad en documento
- Peculado por apropiación
La investigación sigue abierta y no se descarta que más funcionarios sean vinculados. El caso deja en evidencia fallas graves en los controles de contratación pública. La pregunta es inevitable: ¿cuántos contratos más se han firmado con títulos falsos sin ser detectados?
