El archivo de una investigación disciplinaria siempre genera interrogantes. Pero cuando esa decisión recae sobre un contrato financiado con recursos de regalías por más de 14 mil millones de pesos, las dudas dejan de ser un asunto menor y se convierten en una exigencia legítima de control público. Eso es exactamente lo que hoy ocurre en Sucre tras la denuncia presentada contra la procuradora regional de instrucción, Indira Revollo Verbel.
La Veeduría San Jorge y La Mojana acudió ante la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación al considerar que la funcionaria habría actuado de manera prematura, insuficiente y jurídicamente cuestionable al ordenar el archivo definitivo de la indagación relacionada con el contrato suscrito entre la Gobernación de Sucre y el Consorcio Campo Verde en octubre de 2023.
No se trata de un contrato cualquiera. Se trata de un convenio superior a los 14 mil millones de pesos destinado —según su objeto contractual— a la implementación de agronegocios hortofrutícolas intensivos para pequeños productores de los municipios de Sucre, Majagual y Guaranda. Un proyecto concebido para impulsar la productividad rural y dinamizar la economía campesina en una de las regiones históricamente más afectadas por el rezago estatal.
Sin embargo, desde hace varios meses comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato. Los señalamientos apuntaban al supervisor contractual, Álvaro López Herrera, así como al contratista y a la interventoría. En respuesta a esas denuncias, el pasado 8 de abril de 2025 la Procuraduría Regional abrió indagación previa y ordenó la práctica de pruebas.
Hasta ahí, el procedimiento parecía responder al deber institucional de verificación y control. La expectativa era clara: revisar documentos, solicitar información oficial, escuchar testimonios, examinar el manejo de los recursos y establecer si existían responsabilidades disciplinarias.
Pero el expediente terminó archivado y es precisamente ahí donde nace la controversia. La pregunta central resulta inevitable: ¿qué ocurrió entre la apertura de la indagación y la decisión de cerrar definitivamente el proceso?
De acuerdo con la denuncia presentada por la Veeduría, varias actuaciones consideradas esenciales nunca habrían sido agotadas. Según los denunciantes, la Procuraduría no habría solicitado información clave a la Gobernación de Sucre, tampoco habría requerido explicaciones formales al consorcio contratista y, aún más delicado, no se habrían practicado testimonios de beneficiarios señalados desde la queja inicial.
Si ello fue así, surge un cuestionamiento de fondo: ¿cómo puede concluirse que no era posible individualizar responsables si, presuntamente, no se agotaron las actuaciones mínimas necesarias para esclarecer los hechos?
La decisión de archivo habría estado sustentada en la supuesta ausencia de elementos probatorios suficientes y en la imposibilidad de identificar responsables disciplinarios. Pero justamente ese argumento es el que hoy está bajo discusión. Para la Veeduría, el despacho de la procuradora Revollo habría desnaturalizado el propósito mismo de una indagación preliminar: en vez de profundizar para esclarecer las denuncias, habría cerrado el proceso antes de agotar la búsqueda de respuestas.
La gravedad del debate no radica únicamente en el archivo del expediente, sino en lo que ese archivo representa institucionalmente. La denuncia habla de una actuación “facilista, blanda y perezosa”, expresiones severas que reflejan el nivel de inconformidad frente al actuar del órgano de control. Además, deja abierta una sospecha políticamente sensible: la posibilidad de que la decisión hubiera terminado favoreciendo intereses cercanos a los funcionarios o actores involucrados en el contrato cuestionado.
Por supuesto, hasta este momento no existe declaración de responsabilidad contra ninguno de los implicados. Todo hace parte de denuncias y cuestionamientos que deberán ser verificados por las autoridades competentes. Pero precisamente por eso el caso adquiere mayor relevancia pública. Porque en un contexto de creciente desconfianza ciudadana frente a las instituciones, cada decisión que implique cerrar investigaciones relacionadas con recursos públicos exige un estándar reforzado de transparencia, rigor técnico y motivación jurídica.
Y hay un elemento que no puede perderse de vista: los recursos de regalías pertenecen a las comunidades. Son dineros concebidos para cerrar brechas sociales y promover desarrollo en territorios históricamente marginados. Por ello, cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades en la ejecución de esos recursos demanda investigaciones exhaustivas, independientes y técnicamente blindadas frente a cualquier duda o sospecha.
Las preguntas, entonces, siguen abiertas: ¿Se practicaron realmente todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos? ¿Existieron omisiones investigativas? ¿Hubo presiones externas o interferencias indebidas?
¿O, por el contrario, la Procuraduría actuó dentro del marco jurídico y concluyó válidamente que no existían méritos para continuar? Hoy no hay respuestas definitivas.
Lo cierto es que la denuncia contra la procuradora Indira Revollo trasladó el foco del debate. Ya no se discute únicamente la legalidad o transparencia del contrato de agronegocios hortofrutícolas. Ahora también está bajo escrutinio la actuación de la funcionaria encargada de investigar las denuncias y ahí aparece el elemento más sensible de todos: la confianza institucional.
Porque cuando una investigación se archiva dejando más dudas que certezas, el problema deja de ser exclusivamente jurídico. También se convierte en un asunto político, ético e institucional. La ciudadanía empieza a cuestionar si los organismos de control están actuando con la independencia, profundidad y firmeza que exige la vigilancia de los recursos públicos.
Mientras tanto, en Sucre el caso apenas comienza. La denuncia disciplinaria presentada contra la procuradora regional podría abrir una nueva etapa de revisión sobre las actuaciones adelantadas dentro del proceso archivado. Y dependiendo de lo que determinen los organismos competentes, este episodio podría trascender el ámbito regional y convertirse en un referente nacional sobre el alcance y la credibilidad de los mecanismos de control disciplinario.
Por ahora, una cosa resulta evidente: el expediente fue cerrado, pero la controversia apenas empezó. Y en medio de tantas preguntas, persiste una inquietud de fondo que golpea directamente la credibilidad institucional:¿Quién vigila realmente a quienes tenían la obligación de investigar?
