En Cartagena de Indias las veedurías ciudadanas no murieron por desgaste ni por falta de causas. Las compraron. Las domesticaron. Las volvieron cómodas. Y en algunos casos, tristemente, las transformaron en simples oficinas alternas del poder.
Hubo un tiempo en que incomodaban de verdad. Cuando gobernaba William Dau, muchas salían todos los días con denuncias, documentos, ruedas de prensa y transmisiones en vivo. Tenían micrófono, tenían rabia y, sobre todo, tenían visibilidad. Parecían guardianes incorruptibles de los recursos públicos.
Pero llegó el gobierno de Dumek Turbay y el silencio cayó como una lápida sobre buena parte de esas organizaciones. De un momento a otro dejaron de ver contratos sospechosos, nóminas infladas, OPS repartidas a discreción y operadores reciclados. La indignación se volvió prudencia. El escándalo mutó en diplomacia. Y muchos de los que antes gritaban “corrupción” hoy apenas susurran para no incomodar al patrón de turno.
Porque esa es la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta: en Cartagena, varias veedurías terminaron funcionando como peajes burocráticos. Algunas no fiscalizan; negocian. No vigilan; administran silencios. Y cuando reciben participación en el festín, desaparecen las transmisiones incendiarias, las demandas morales y el falso heroísmo ciudadano.
Lo más grave no es que hayan guardado silencio. Lo realmente obsceno es que ahora algunas vuelven a aparecer únicamente cuando se sienten excluidas del reparto. Ahí sí regresan los comunicados, las alertas y los ataques mediáticos disfrazados de civismo. No porque les haya regresado la ética, sino porque se les acabó el contrato.
Y eso hay que decirlo sin anestesia: una veeduría que solo denuncia cuando pierde privilegios no está defendiendo a la ciudadanía; está defendiendo su tajada.
Cartagena necesita control social auténtico, no activistas de nómina. Necesita ciudadanos capaces de denunciar al corrupto aunque sea amigo, aliado político o financiador. Necesita gente que entienda que vigilar el poder no puede depender de quién firma las OPS ni de quién reparte los contratos.
Porque una veeduría que nunca incomoda termina convertida en decoración institucional. Un adorno útil para simular transparencia mientras todo sigue funcionando igual por debajo de la mesa.
La tragedia de Cartagena no es solamente la corrupción pública. Es también la corrupción moral de quienes hicieron del control ciudadano un negocio rentable. Vendieron su independencia demasiado barato y ahora pretenden recuperar credibilidad a punta de berrinches selectivos y ataques oportunistas.
La ciudadanía merece algo mejor. Merece veedores que no se arrodillen ante el poder de turno. Merece voces que no cambien de discurso dependiendo del tamaño del contrato. Merece gente incómoda, coherente y libre.
