La controversia judicial que rodea al llamado Portal Informativo Cartagena Política ya dejó de ser un simple enfrentamiento entre periodistas, columnistas y actores políticos. Lo que hoy está en discusión es algo mucho más profundo: la responsabilidad ética y jurídica de quienes se presentan ante la ciudadanía como medios de comunicación.
Las recientes decisiones judiciales contra el portal y quien lo administra, Luis Alberto Muñiz Mosquera, no cuestionan únicamente unas publicaciones específicas. Lo que ponen sobre la mesa es un debate incómodo sobre la diferencia entre informar y utilizar una plataforma digital para atacar sistemáticamente a quienes cuestionan el poder político.
La justicia fue clara. El Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena concluyeron que varias publicaciones difundidas por Cartagena Política no podían ser consideradas simples opiniones o ejercicios legítimos de crítica política. Según ambas sentencias, se trató de afirmaciones que atribuían conductas criminales a varios ciudadanos sin que existieran pruebas suficientes para respaldarlas.
Esa conclusión es particularmente grave porque las publicaciones no fueron realizadas desde una cuenta personal cualquiera ni desde un perfil anónimo. Fueron difundidas desde un espacio que se presenta públicamente como un “portal informativo”, manejado por un tecnólogo en sistemas.
Y precisamente ahí surge la pregunta que muchos ciudadanos comienzan a formularse: ¿puede un portal que se autodenomina informativo actuar como juez, fiscal y verdugo de quienes cuestionan a una administración pública?
La esencia del periodismo descansa sobre principios irrenunciables: verificación, contraste de fuentes, imparcialidad, objetividad y una profunda responsabilidad frente a la información publicada. Son requisitos éticos sine qua non para ejercer una actividad que tiene una enorme influencia sobre la opinión pública.
Cuando un medio abandona esos principios y sustituye la información verificable por señalamientos que terminan siendo desvirtuados por los jueces, deja de cumplir la función social que justifica la protección constitucional de la libertad de prensa.
Lo que resulta especialmente llamativo en este caso es que, mientras las publicaciones cuestionadas exaltan permanentemente la gestión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, las decisiones judiciales evidencian que algunos de los principales blancos de los ataques han sido precisamente personas que han ejercido control ciudadano, crítica política o cuestionamientos sobre asuntos de interés público.
La percepción que comienza a instalarse en amplios sectores de la ciudadanía es preocupante: que Cartagena Política estaría funcionando no como un medio de comunicación independiente, sino como una caja de resonancia destinada a amplificar las bondades de una administración y desacreditar a sus críticos mediante acusaciones falsas.
Naturalmente, cualquier medio tiene derecho a tener una línea editorial. Lo que no tiene derecho es a presentar acusaciones graves como si fueran hechos comprobados cuando carecen de respaldo suficiente. Esa es justamente la frontera que los jueces encontraron vulnerada.
También conviene hacer una distinción fundamental que suele pasar inadvertida: no todo sitio web es un medio de comunicación.
Un portal periodístico serio implica una estructura editorial, protocolos de verificación, responsabilidad sobre los contenidos publicados, identificación clara de sus responsables y compromiso con estándares profesionales. Muy distinto es una simple página web o una cuenta digital desde donde cualquier persona puede publicar acusaciones, señalamientos o campañas de descrédito sin someterse a controles periodísticos reales. La diferencia entre ambos modelos no es tecnológica; es ética.
Una página puede abrirse en cuestión de minutos. Un medio de comunicación se construye con credibilidad, rigor, responsabilidad y compromiso con la verdad. Por eso, las decisiones judiciales conocidas en este caso no solo trascienden a las personas involucradas. Van más allá, pues lo que está en juego es la confianza ciudadana en quienes se presentan como informadores de la opinión pública.
Hoy Cartagena presencia un debate que no puede enmarcarse únicamente en una acción de tutela o en un incidente de desacato. La discusión de fondo es si quienes reclaman las garantías constitucionales de la libertad de prensa están dispuestos también a asumir las obligaciones que esa libertad impone.
Porque la libertad de informar no incluye el derecho a destruir reputaciones sin pruebas. Y cuando un portal se presenta como informativo, la exigencia de rigor, equilibrio y responsabilidad no es opcional: es el fundamento mismo de su legitimidad ante la sociedad.
