Cartagena de Indias, en el marco de sus Fiestas de la Independencia, volvió a celebrar otro Festival Náutico, en esta ocasión, su tercera versión desde que comenzó a realizarse en 2024. Y, una vez más, el evento dejó en evidencia profundas diferencias de carácter socioeconómico que marcan la realidad de nuestra ciudad.
La celebración tuvo lugar en las aguas de la Bahía de las Ánimas, frente a una de sus orillas, la que da hacia la calle del Arsenal. Allí se instaló una inmensa tarima con su respectivo sistema de sonido para que quienes pagaron, quienes tuvieron «para el whisky y para el hielo», como expresó el alcalde, pudieran ver, bailar y disfrutar del espectáculo ofrecido por los artistas.
Los que no pagaron, es decir, buena parte del pueblo cartagenero, tuvieron que conformarse con observar a los cantantes a través de pantallas instaladas en el denominado «Bololó del Arsenal», en medio de una multitud que, según los reportes y testimonios conocidos, estuvo expuesta a situaciones de aglomeración, peleas y denuncias de hurtos.
En las tarimas de los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre se presentaron artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro, Nicky Jam, Jessi Uribe, Mr. Black, Kevin Flórez, Beéle, Rafa Pérez, Silvestre Dangond y otros reconocidos exponentes de la música, algunos estuvieron también el año anterior.
Indiscutiblemente, una nómina artística poderosa y, presumiblemente, costosa, financiada con recursos del Distrito de Cartagena; es decir, con dinero público, proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos.
El Festival Náutico del año pasado, según la información conocida después de solicitudes de información mediante derechos de petición y acciones de tutela, le habría costado a la Alcaldía de Cartagena 16.816 millones de pesos. Del valor de la versión recién celebrada todavía no se conocen cifras oficiales consolidadas. Sin embargo, hay una cuestión que merece una explicación pública: con inversión del Distrito se financia el espectáculo, mientras que una parte importante de la actividad comercial asociada al evento queda en manos de particulares, sin que esté claramente establecido cuál es el retorno económico directo para las finanzas distritales.
Para disfrutar de los artistas desde el agua, a bordo de embarcaciones, los ciudadanos debían alquilar una lancha o adquirir un cupo en alguna de ellas. Según las ofertas conocidas, los precios rondaban el millón de pesos por persona y, en algunas modalidades VIP, alcanzaban hasta 1.300.000 pesos.
La Alcaldía reportó más de 1.500 embarcaciones el sábado y más de 1.000 el viernes. También se habló de una asistencia superior a los 25.000 espectadores. Cifras que, de confirmarse en su totalidad, permiten dimensionar el movimiento comercial generado alrededor de un espectáculo cuya infraestructura principal se financia con recursos públicos.
¿Y qué recibe Cartagena, qué recibe la Alcaldía de ese negocio? Esta es precisamente una de las preguntas centrales. De acuerdo con lo expuesto en un pronunciamiento judicial relacionado con el evento, los precios de los servicios ofrecidos por los particulares son establecidos por estos en ejercicio de la libre empresa, sin que el Distrito perciba ingresos por ese concepto ni tenga facultades para imponerles tarifas.
En ese escenario, los propietarios y operadores de las embarcaciones cobran por sus servicios y obtienen los ingresos correspondientes, mientras que el Distrito asume parte fundamental de los costos de producción del espectáculo. La pregunta no es solamente cuánto cuesta organizar el festival, sino qué mecanismos existen para que la ciudad obtenga algún beneficio económico directo de la actividad comercial que se genera alrededor de él.
La plata destinada a los artistas y a las pantallas también proviene, según lo informado, de recursos públicos. Sin embargo, mientras unos tienen la posibilidad de disfrutar de los artistas en vivo desde las embarcaciones, otros deben conformarse con observarlos a través de una pantalla. Esa es una diferencia que no puede ignorarse y que retrata la brecha entre quienes tienen capacidad económica para acceder a los espacios privilegiados y quienes no.
Que nadie confunda la ausencia de cobro de boletería por parte de la Alcaldía con la gratuidad del espectáculo. La administración distrital sostiene que no cobra entradas ni derechos de ingreso, y eso puede ser cierto desde el punto de vista administrativo. Pero hay una diferencia fundamental: la Alcaldía financia el evento con recursos públicos, mientras que otros actores privados cobran por los servicios y espacios comerciales que ofrecen alrededor de él.
Ahí está el cuestionamiento de fondo: se socializan los costos de una parte importante del espectáculo, mientras que los beneficios económicos de determinadas actividades comerciales quedan en manos privadas. Todo esto en un escenario en el que la administración distrital argumenta que no tiene facultades para regular las tarifas que cobran los operadores particulares.
No se trata necesariamente de una irregularidad jurídica por el solo hecho de que existan operadores privados. Se trata de un modelo de organización del evento que merece mayor transparencia, explicaciones y evaluación sobre su conveniencia para el interés público.
El alcalde Dumek Turbay ha manifestado que uno de los objetivos del Festival Náutico es atraer turistas con capacidad adquisitiva e impulsar el consumo. Es una apuesta que puede tener una justificación desde la promoción turística y comercial de Cartagena. Sin embargo, esa explicación no resuelve el interrogante sobre la distribución de los beneficios ni sobre la relación entre la inversión pública y los ingresos privados que se generan alrededor del espectáculo.
La Alcaldía invierte recursos de todos los cartageneros en una tarima cuyo mejor palco, el del agua, parece reservado para quienes tienen capacidad de pagarlo. Los operadores de lanchas y yates desarrollan una actividad comercial que puede representarles importantes ingresos, mientras el Distrito no reporta una participación económica directa en ese negocio. Entretanto, el cartagenero de a pie, que también contribuye a financiar el espectáculo mediante sus impuestos, termina observándolo desde una calle repleta y a través de una pantalla.
Eso no parece corresponderse con el espíritu incluyente que debería inspirar una celebración de la Independencia. Es, cuando menos, una fiesta marcada por los privilegios económicos y por una evidente desigualdad en las condiciones de acceso.
Si el Festival Náutico pretende convertirse en una vitrina internacional de Cartagena, que lo sea para todos y que sus beneficios también se reflejen en la ciudad. La Alcaldía debe informar cuánto costó la nómina artística de esta versión, con el valor correspondiente a cada artista; explicar bajo qué condiciones se permitió la explotación comercial de los espacios y servicios asociados al evento; precisar si existieron contraprestaciones económicas o compromisos de beneficio para el Distrito, y presentar un balance que permita establecer qué recibió Cartagena a cambio de la inversión pública realizada. Son preguntas legítimas que merecen respuestas documentadas, no solamente argumentos sobre la promoción turística o la ausencia de cobro de entradas.
Mientras esas explicaciones no lleguen, seguirá vigente el cuestionamiento que resume el fondo de esta controversia y que da título a esta columna: dinero público para lucro privado.



