El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta el pasado 6 de junio deja una reflexión incómoda que pocos quieren abordar de frente. En Colombia no todos los periodistas corren los mismos riesgos. No todos reciben amenazas. No todos tienen que mirar debajo de sus vehículos antes de salir de casa. No todos deben cambiar de ruta, apagar sus teléfonos o esconderse para seguir vivos.
Y la razón es sencilla. El poder —sea político, criminal o económico— no persigue a quien le sirve. Persigue a quien lo incomoda.
Mientras algunos periodistas construyen carreras enteras alrededor de la cercanía con alcaldes, gobernadores, congresistas, contratistas o grupos de poder regional, otros entienden que su responsabilidad no es agradarles a los poderosos sino vigilarlos. Son estos últimos quienes terminan pagando el precio más alto.
El periodismo de verdad no está para hacer amigos en el poder ni para ganar favores de políticos, funcionarios, contratistas o criminales. No nació para aplaudir gobernantes, reproducir comunicados oficiales ni disfrazar propaganda de información. Su misión es exactamente la contraria: vigilar al poder, incomodarlo cuando sea necesario, denunciar los abusos, investigar la corrupción y sacar a la luz aquello que los poderosos —legales o ilegales— preferirían mantener enterrado. Por eso los periodistas que cumplen con su deber suelen acumular enemigos; porque el periodismo que no incomoda al poder termina siendo parte de él.
Por eso no es casualidad que quienes terminan amenazados sean, precisamente, los periodistas que se atreven a tocar intereses sensibles. Los que investigan corrupción. Los que denuncian alianzas criminales. Los que exponen redes de poder. Los que se niegan a negociar el silencio.
El reportaje de la periodista Marcela Pulido en Noticias Caracol muestra una realidad brutal: después de asesinar a Cristian Herrera, quienes quedaron escondidos fueron los periodistas. No los criminales. No los corruptos. No los violentos y esa sola imagen debería avergonzar al Estado colombiano.
Porque en una democracia funcional los delincuentes son quienes se esconden de la justicia, no quienes ejercen el derecho de informar.
Lo más grave es que esta situación no solo amenaza vidas humanas. También destruye el ecosistema informativo de regiones enteras. Cuando un periodista es asesinado o intimidado, los demás entienden el mensaje. Cuando una amenaza queda impune, el miedo se convierte en mecanismo de control. Cuando las autoridades no reaccionan a tiempo, la autocensura comienza a ocupar el lugar de la investigación.
Y entonces ocurre algo aún más peligroso: la sociedad deja de saber lo que sucede. Los corruptos, grupos criminales y políticos cuestionados celebran. Porque el silencio siempre beneficia a quienes tienen algo que ocultar.
Por eso el debate no debería limitarse al asesinato de Cristian Herrera. La pregunta de fondo es cuántos periodistas honestos estamos hoy trabajando bajo amenazas en Colombia mientras otros, mucho más cómodos y seguros, prosperan gracias a su cercanía con el poder que deberían vigilar.
La historia demuestra que los periodistas asesinados rara vez mueren por publicar elogios. Mueren por investigar, por denunciar y por cumplir con la función que la sociedad les encomendó.
Y esa es quizás la verdad más dura de todas: en algunas regiones del país, ejercer el periodismo con independencia sigue siendo una actividad más peligrosa que ejercer el poder sin escrúpulos. Mientras eso siga ocurriendo, no será únicamente la prensa la que esté en peligro, será la democracia misma.
