«El próximo presidente de Colombia heredará algo más complejo que una economía o una agenda de gobierno: recibirá un país dividido que exige liderazgo para reconstruir la confianza y la convivencia democrática.»
Este domingo 21 de junio los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Sin embargo, más allá de la disputa electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el verdadero desafío que enfrenta el país es determinar si será capaz de preservar la convivencia democrática después de una de las campañas más agresivas y polarizadas de las últimas décadas.
La segunda vuelta presidencial no solo enfrenta dos candidatos. En realidad, enfrenta dos visiones profundamente distintas sobre el Estado, la economía, la seguridad, las relaciones internacionales y el futuro institucional de Colombia. De un lado, Abelardo de la Espriella ha construido su candidatura alrededor de un discurso de autoridad, seguridad y confrontación contra el legado político del actual gobierno. Del otro, Iván Cepeda representa la continuidad de sectores progresistas y de izquierda que defienden reformas estructurales y una mayor intervención estatal en asuntos sociales.
Pero el problema de fondo no radica en las diferencias ideológicas. La democracia precisamente existe para que esas diferencias puedan competir de manera legítima. Lo preocupante es que la campaña ha ido más allá de la confrontación de propuestas y ha derivado en una dinámica de descalificación permanente, donde el adversario político es presentado con frecuencia como una amenaza existencial para el país.
Durante las últimas semanas, ambos sectores han intercambiado denuncias, señalamientos jurídicos, acusaciones de desinformación y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral. Paralelamente, las redes sociales se han convertido en escenarios de hostilidad constante, mientras crecen los mensajes que anticipan fraude si el resultado no favorece a determinado sector.
Ese clima tiene consecuencias. Cuando una elección deja de percibirse como una competencia democrática y empieza a interpretarse como una batalla entre enemigos irreconciliables, la gobernabilidad del día después queda seriamente comprometida. Ningún presidente puede gobernar eficazmente sobre la base de que la mitad del país considere ilegítima su victoria.
Las señales de preocupación ya son evidentes. Organizaciones nacionales e internacionales han hecho llamados a moderar el lenguaje político, respetar los resultados electorales y proteger las instituciones democráticas. Incluso sectores de centro, que quedaron fuera de la segunda vuelta, han insistido en la necesidad de reducir la polarización y evitar que el país continúe profundizando sus fracturas políticas y sociales.
El reto para el próximo presidente será enorme. Si gana Abelardo de la Espriella, deberá demostrar que puede gobernar para millones de colombianos que ven con preocupación algunas de sus propuestas y su estilo confrontacional. Si triunfa Iván Cepeda, tendrá que convencer a amplios sectores que temen una profundización del proyecto político impulsado por Gustavo Petro. En ambos casos, el vencedor necesitará tender puentes, no levantar nuevos muros.
La verdadera victoria del domingo no debería medirse únicamente en votos. Se medirá en la capacidad de Colombia para aceptar los resultados, respetar la institucionalidad y entender que ninguna elección puede convertirse en una licencia para perseguir, humillar o excluir a quienes piensan diferente.
La democracia no consiste en que una mitad del país destruya a la otra cada cuatro años. Consiste en que los ciudadanos puedan competir políticamente, elegir libremente y seguir compartiendo un mismo proyecto nacional después de conocerse el resultado.
Pasado el domingo Colombia despertará con un nuevo presidente. La pregunta decisiva es si también despertará con la voluntad colectiva de volver a reconocerse como una sola nación.
