La Fiscalía lo acusó de violencia intrafamiliar agravada tras una investigación que incluyó valoraciones de Medicina Legal, entrevistas y labores del CTI. El procesado no aceptó los cargos.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al exconcejal de Manizales, César Augusto Díaz Zapata, señalado de ejercer presuntas agresiones físicas y psicológicas contra una mujer con quien sostuvo una relación sentimental durante cuatro años.
La decisión judicial se produjo en el marco de las estrategias institucionales para combatir la violencia basada en género y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación fue liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que recopiló elementos materiales probatorios mediante entrevistas, verificaciones, labores de vecindario y diferentes actos de policía judicial.
Como parte del proceso también fueron practicadas valoraciones médico-legales que, según el ente acusador, permitieron establecer las lesiones y afectaciones sufridas por la víctima.
Durante las diligencias preliminares fueron expuestos los resultados del dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, documento que hace parte del material probatorio presentado por la Fiscalía.
- Acusado por violencia intrafamiliar agravada
Con fundamento en los elementos recaudados, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación contra César Augusto Díaz Zapata por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El exconcejal no aceptó el cargo formulado por el ente investigador.
- Deberá permanecer en detención domiciliaria
Un juez dispuso que el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial que determinará su eventual responsabilidad penal. La Fiscalía recordó que las personas vinculadas a investigaciones penales conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.
El caso hace parte de las acciones que adelantan las autoridades para fortalecer la respuesta institucional frente a los hechos de violencia contra las mujeres y promover la denuncia de este tipo de conductas.
