Hay gobiernos que se despiden inaugurando obras. Otros entregan balances. Algunos prefieren liderar una transición institucional que fortalezca la democracia. Y luego está el gobierno de Gustavo Petro, que parece decidido a abandonar el poder con el mismo libreto que lo acompañó durante cuatro años: la confrontación permanente, la polarización y la tendencia a convertir cada episodio institucional en un nuevo escenario de disputa política.
La más reciente controversia gira en torno a la intención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de posesionarse el próximo 7 de agosto en una instalación militar como homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Se trata de una decisión cargada de simbolismo para un mandatario que hizo de la recuperación de la seguridad uno de los ejes centrales de su campaña.
La respuesta del Gobierno saliente no tardó en llegar. Desde la Casa de Nariño se argumentó que no existe competencia constitucional para autorizar semejante cambio y que el juramento presidencial debe realizarse conforme al marco jurídico vigente. Es una explicación jurídicamente defendible, pero políticamente insuficiente cuando se observa el contexto y el comportamiento de una administración que, durante cuatro años, hizo de las interpretaciones flexibles de la institucionalidad una práctica recurrente.
Resulta inevitable preguntarse por qué, cuando se trataba de romper tradiciones, modificar protocolos o impulsar nuevas interpretaciones del funcionamiento institucional, nunca faltaban argumentos para justificar los cambios. Hoy, cuando quien propone un acto simbólico pertenece a un proyecto político distinto, el discurso oficial parece descubrir, de repente, una rigurosidad jurídica casi absoluta.
El debate trasciende el lugar donde se celebre una ceremonia. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que se transmite. En lugar de facilitar una transición serena y respetuosa entre gobiernos, la administración saliente parece empeñada en convertir hasta el último día de mandato en un nuevo campo de confrontación política.
No deja de ser paradójico. Durante estos cuatro años se habló insistentemente de cambio. Se cuestionaron tradiciones, se promovieron nuevos símbolos y se defendió el derecho de transformar las formas del ejercicio del poder. Sin embargo, cuando ese mismo derecho pretende ejercerlo un gobierno de signo político diferente, aparecen las murallas jurídicas, los conceptos restrictivos y las respuestas burocráticas.
El simbolismo que pretendía enviar Abelardo De La Espriella no era menor. Posesionarse en una guarnición militar significaba reconocer públicamente a quienes, durante años, soportaron una narrativa oficial que, en no pocas ocasiones, pareció mostrar mayor desconfianza hacia los uniformados que hacia quienes los atacaban. Era un mensaje de respaldo institucional a soldados y policías que han enfrentado el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en condiciones particularmente difíciles.
Quizá allí radique el verdadero fondo del asunto. Porque los símbolos importan. Cuando un gobierno decide, hasta el último momento, obstaculizar los gestos de quien lo reemplazará, deja la impresión de que no está pensando en la institucionalidad, sino en prolongar el enfrentamiento político incluso después de haber recibido un claro mensaje de las urnas.
La democracia no termina cuando se pierde una elección. Tampoco consiste únicamente en entregar las llaves del Palacio de Nariño. La democracia exige grandeza para reconocer al adversario, respeto por el mandato popular y disposición para facilitar una transición ordenada. Esa ha sido, históricamente, la conducta esperada de los estadistas. Lamentablemente, esa no parece ser la ruta escogida por el gobierno saliente.
Lo más llamativo es que la discusión ni siquiera debería centrarse en un edificio. Si la legislación vigente exige que el juramento presidencial se realice ante el Congreso reunido conforme a las normas aplicables, existen mecanismos institucionales para estudiar cualquier modificación excepcional. Lo sensato habría sido abrir un diálogo respetuoso con el Congreso y con el equipo de transición, en lugar de convertir el asunto en otro episodio de confrontación política.
Porque, al final, la historia no recordará dónde estuvo instalada la tarima. Recordará, en cambio, la actitud con la que un gobierno decidió despedirse del poder.
Los colombianos votaron por un cambio de rumbo. Ese mandato merece respeto. Las diferencias ideológicas no autorizan a sembrar obstáculos innecesarios ni a transmitir la sensación de que el poder se entrega con resignación, pero también con rencor.
Los gobiernos pasan; las instituciones permanecen. Precisamente por eso, quienes dejan el poder deberían ser los primeros en demostrar que la democracia también consiste en saber perder con dignidad.
Si esta termina siendo una de las últimas imágenes del gobierno de Gustavo Petro, quedará la de una administración que, incluso con la maleta lista para abandonar la Casa de Nariño, prefirió dar un último portazo antes que ofrecer un gesto de altura republicana. Hay despedidas que honran el cargo; otras, simplemente, confirman aquello por lo que serán recordadas.
