Hay hechos que retratan con crudeza el estado de una sociedad. Lo ocurrido en la madrugada del miércoles 15 de julio en la puerta de la Clínica Crecer, en Cartagena, no solo es un escándalo sanitario: es una vergüenza colectiva que desnuda el deterioro de la atención en salud y la pérdida del más elemental sentido de humanidad.
Mientras una mujer sufría los dolores del trabajo de parto, las puertas del centro asistencial permanecían cerradas. Según los hechos conocidos, los médicos se encontraban en paro y no estaban atendiendo pacientes. Ni las súplicas de sus acompañantes, ni la urgencia evidente del caso, ni el riesgo inminente para la vida de la madre y del bebé fueron suficientes para que alguien actuara con responsabilidad.
La consecuencia fue tan dolorosa como indignante: la mujer dio a luz en plena puerta de la Clínica Crecer. Solo cuando el llanto del recién nacido rompió el silencio de la indiferencia, los responsables del centro médico ordenaron el ingreso de la madre y del bebé. Ese llanto, que debió ser motivo de alegría, terminó siendo el único argumento capaz de conmover a quienes tenían la obligación ética, moral y legal de atender una emergencia obstétrica.
No existe paro laboral, conflicto administrativo o desacuerdo contractual que justifique abandonar a una mujer en trabajo de parto. El juramento profesional de un médico no admite excepciones frente a una urgencia vital. Si estos hechos se confirman plenamente en las investigaciones, Cartagena habrá sido testigo de uno de los episodios más vergonzosos en la historia reciente de su sistema de salud.
Como si el drama humano no fuera suficiente, la reacción de las autoridades también deja enormes interrogantes. Circularon fotografías de la mujer dando a luz en la entrada de la clínica y la respuesta del alcalde Dumek Turbay fue pedir, de manera tardía, que esas imágenes no fueran divulgadas para no afectar el «brillo y el esplendor» de la ciudad, sin embargo, el verdadero daño a la imagen de Cartagena no lo producen las fotografías; lo produce una realidad que ninguna campaña de relaciones públicas puede ocultar.
Tampoco pasó inadvertida la reacción del director del DADIS, quien fue sorprendido por los periodistas y, al ser interrogado sobre lo ocurrido, dijo desconocer los hechos. Que la máxima autoridad distrital de salud desconociera un hecho de semejante gravedad resulta, como mínimo, preocupante y evidencia fallas en la capacidad de respuesta institucional.
La Clínica Crecer, perteneciente a la familia Ballestas, de la cual hace parte el diputado de la Asamblea de Bolívar, Luis Roberto Ballestas, tiene ahora la obligación de ofrecer explicaciones claras y asumir las responsabilidades que correspondan.
Las autoridades competentes, como la Superintendencia Nacional de Salud, el DADIS, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, deben actuar con absoluta celeridad e independencia. No bastan los comunicados ni las promesas de investigación. La ciudadanía espera decisiones concretas.
Como medida preventiva, mientras avanzan las investigaciones, el DADIS ha procedido al cierre de algunos servicios de la Clínica Crecer en sus dos sedes, ubicadas en los barrios El Prado y Amberes, por no contar con la habilitación de los servicios que presta. Y entonces, ¿cuál es la vigilancia que realiza el DADIS a estas clínicas? Ninguna.
Asimismo, si se demuestra la responsabilidad disciplinaria, ética o penal de los profesionales involucrados, deberán imponerse las sanciones previstas por la ley, incluidas aquellas que puedan limitar o impedir el ejercicio de la profesión cuando la gravedad de la conducta así lo amerite.
Finalmente, Cartagena no puede aceptar que una mujer tenga que parir en la calle mientras un centro médico permanece indiferente. Cuando la vida deja de ser la prioridad y la compasión desaparece de quienes juraron salvarla, la sociedad entera ha fracasado. Lo ocurrido exige justicia, sanciones ejemplares dentro del marco legal y profundas reformas para que ninguna madre vuelva a vivir una escena tan inhumana.
