- Por: Uriel De Arco Paternina – Empresario y docente
$1,5 billones de endeudamiento autorizado. Cerca de $365.000 millones de servicio de deuda proyectados para 2029. Y hasta $15.000 millones adicionales de intereses por cada punto porcentual que aumente el costo financiero sobre un saldo de $1,5 billones. Esas tres cifras deberían bastar para que Cartagena de Indias abra una discusión seria sobre el futuro de sus finanzas públicas.
No porque la ciudad esté quebrada. Las cifras disponibles no permiten afirmar eso. El asunto es diferente y, quizás, mucho más delicado: Cartagena puede mantener capacidad para pagar sus obligaciones mientras compromete progresivamente una parte de su capacidad futura para decidir, invertir y responder a nuevas necesidades.
El problema no está solamente en cuánto dinero entra hoy. Está en cuánto dinero quedará disponible mañana después de pagar las decisiones tomadas hoy.
El Acuerdo 147 de 2024 autorizó operaciones de crédito público hasta por $1,5 billones, y posteriormente el Acuerdo 160 amplió las posibilidades de destinación de esos recursos a proyectos que incluyen, entre otros, el Malecón del Mar, soluciones contra inundaciones, mejoramientos de vivienda y estudios de drenajes pluviales.
La cifra de $1,5 billones puede parecer simplemente un cupo de crédito. Pero detrás de ella existe una obligación mucho más profunda: ese dinero no llega gratis y tampoco desaparece cuando termina una obra. La ciudad tendrá que pagar capital, intereses y demás costos financieros durante años y ahí comienza el verdadero debate.
Porque mientras el discurso público suele concentrarse en las obras que se pueden mostrar —un malecón, una vía, una infraestructura, una intervención urbana—, la discusión fiscal debería concentrarse también en aquello que no se ve: la factura que queda después de cortar la cinta.
El Plan Financiero 2026-2035 proyecta un servicio de deuda que alcanza aproximadamente $365.000 millones en 2029, mientras entre 2028 y 2032 se concentra una parte importante de las obligaciones financieras. Eso significa que la verdadera prueba de estas decisiones no necesariamente estará en el momento en que se anuncien o inauguren los proyectos.
La verdadera prueba llegará cuando haya que pagar simultáneamente las obras del presente, los compromisos adquiridos en el pasado y las necesidades nuevas que inevitablemente tendrá Cartagena.
Ahí aparece una palabra que debería estar en el centro de toda discusión sobre las finanzas distritales: flexibilidad fiscal. Una ciudad puede cumplir sus obligaciones y, sin embargo, tener cada vez menos libertad para decidir sobre sus recursos.
Puede tener ingresos suficientes para pagar la deuda, pero menos dinero disponible para nuevas obras. Puede conservar una buena calificación financiera, pero enfrentar mayores restricciones para responder ante una emergencia, una caída del recaudo, un aumento de las tasas de interés o una nueva necesidad de inversión.
Solvencia no significa libertad financiera y esa diferencia puede terminar siendo la parte más costosa de todo este debate.
