Juliana Guerrero y Yeimy Paola Vargas. Dos nombres, dos historias, dos expedientes y una misma palabra que vuelve a quedar bajo la lupa: títulos académicos.
El caso de Juliana Guerrero, quien este miércoles 9 de septiembre reconoció ante la Fiscalía su responsabilidad dentro del proceso relacionado con la obtención irregular de títulos de la Fundación Universitaria San José, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que también tiene eco en Cartagena y que Colombia no debería seguir aplazando: ¿qué tan rigurosos son los controles para verificar los documentos académicos con los que una persona acredita requisitos para acceder a funciones públicas? Guerrero reconoció responsabilidad en un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El proceso también alcanzó a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien aceptó responsabilidad por su participación en la expedición irregular de los documentos y fue condenado a tres años de prisión tras el aval judicial del preacuerdo. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿quién verificó esos títulos antes de que fueran utilizados para acreditar requisitos ante el Estado? Porque un diploma no es una simple hoja de papel cuando se presenta ante una entidad pública. Es una credencial sobre la cual el Estado deposita confianza. Y Cartagena ya conoce esa discusión.
En octubre de 2025, 724 Noticias puso en conocimiento de la opinión pública el caso de Yeimy Paola Vargas Gómez, después de advertir inconsistencias alrededor de un diploma académico presentado en el contexto de su vinculación con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC. La investigación periodística se sustentó en documentos y respuestas institucionales. Entre ellas, una comunicación que señaló la inexistencia de registros de matrícula, cursado, aprobación o certificación a nombre de Vargas en el programa al que supuestamente correspondía el documento y que además advirtió diferencias frente al formato oficial de la institución. Posteriormente, el caso llegó al escenario judicial y la Fiscalía formuló imputación dentro del proceso.
La investigación de 724 Noticias trascendió además el ámbito local y fue recogida por otros medios de alcance nacional. La lección para el periodismo es elemental: una información bien documentada no necesita exagerarse para generar impacto; necesita pruebas, documentos, contraste y rigor. Investigar sí. Condenar, no. Porque una denuncia no es una sentencia. Una sospecha no es una condena. Y una imputación no equivale, por sí sola, a responsabilidad penal demostrada.
El caso de Jovanny Bustos Cortés, relacionado con publicaciones derivadas del expediente de Yeimy Paola Vargas, constituye una advertencia que el periodismo no puede ignorar. Algunos medios llegaron a presentarlo como supuesto “cerebro” o “autor intelectual” de la falsificación. Posteriormente, decisiones judiciales ordenaron rectificaciones frente a esas atribuciones y señalaron que la Fiscalía no había comunicado a Bustos, durante la audiencia de imputación, que fuera el presunto autor intelectual de la falsificación investigada.
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La enseñanza es contundente: el periodismo puede investigar hasta el fondo, pero no puede ocupar el lugar de los jueces. Una palabra puede tardar segundos en publicarse, pero una acusación puede perseguir a una persona durante años. Los casos de Juliana Guerrero y Yeimy Paola Vargas tienen circunstancias y situaciones jurídicas diferentes y no deben confundirse ni equipararse. Pero ambos vuelven a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿quién verifica los títulos académicos antes de contratar? ¿Quién confirma que una persona realmente estudió donde dice haber estudiado? ¿Quién comprueba que el diploma fue efectivamente expedido por la institución que aparece en el documento? ¿Quién revisa que los requisitos académicos correspondan al cargo o contrato que se pretende ocupar? Y, sobre todo: ¿qué ocurre cuando nadie verifica?
El problema, entonces, no es solamente quién presentó el documento. También importa saber quién lo recibió, quién lo revisó, quién lo aceptó y quién decidió que era suficiente para abrirle la puerta del Estado. Ahí está el verdadero debate. No se trata solamente de diplomas. Se trata de controles, responsabilidad institucional y confianza pública.
Frente a los casos de Juliana Guerrero y Yeimy Paola Vargas, la pregunta final no debería ser únicamente quién presentó el diploma. Debería ser mucho más incómoda: ¿quién lo verificó antes de abrirle la puerta del Estado? Y si nadie lo verificó, queda la pregunta que nadie debería eludir: ¿quién responde por esa falla?
