La ruptura de los acercamientos entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo empieza a tener consecuencias judiciales. La Fiscalía General de la Nación ordenó reactivar las órdenes de captura contra tres integrantes de alto nivel de esta organización armada, cuyas actuaciones judiciales habían sido suspendidas en el marco de los procesos de diálogo, negociación y acercamiento adelantados durante el gobierno de Gustavo Petro.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 0-0284, suscrita por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, después de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con el grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
El nuevo escenario se produjo luego de la Resolución 398 del 11 de septiembre de 2026, mediante la cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella puso fin a la fase de conversaciones con el Clan del Golfo. Con esa determinación, la Fiscalía dispuso que las órdenes de captura que habían sido suspendidas durante los acercamientos volvieran a tener plena vigencia.
Entre los afectados por la decisión aparece OroIzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas, quien, de acuerdo con reportes de inteligencia citados en la resolución, habría asumido el mando de la organización después de la muerte de alias Gonzalito, ocurrida en el río Esmeraldas, en jurisdicción de Tierralta, Córdoba.
También fue reactivada la orden de captura contra Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, a quien los antecedentes de las autoridades ubican como antiguo integrante de estructuras paramilitares. Según esos antecedentes, habría sido hombre de confianza de Salvatore Mancuso y de Hebert Veloza, alias HH, y habría integrado el esquema de seguridad de Carlos Castaño.
El tercer cabecilla es Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, identificado en los antecedentes oficiales como una de las figuras políticas visibles del Clan del Golfo. Pérez Castañeda participó en Catar en la firma de compromisos correspondientes a las primeras rondas de conversaciones entre representantes de la organización armada y el Gobierno de Gustavo Petro.
La Fiscalía aclaró que la reactivación no cobija automáticamente a todos los integrantes del Clan del Golfo que aparecen relacionados con órdenes de captura. La razón es que algunas de esas órdenes nunca fueron suspendidas y, por tanto, permanecían vigentes.
Ese es el caso de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, cuya orden de captura continuaba activa. La Fiscalía informó que esta situación fue comunicada a las autoridades de Policía Judicial para que procedan dentro del marco de sus competencias.
La decisión marca así un cambio sustancial frente al tratamiento judicial que tuvieron algunos de los principales integrantes del Clan del Golfo durante la etapa de acercamientos con el Estado. Mientras estuvieron suspendidas, las órdenes de captura quedaron temporalmente sin ejecución; ahora, terminada oficialmente esa fase de conversaciones, la Fiscalía ordenó restablecer las actuaciones contra quienes estaban cobijados por dicha suspensión.
La comunicación de la decisión ya fue remitida a las autoridades de Policía Judicial, encargadas de implementar las órdenes conforme a sus competencias. El alcance práctico de la medida dependerá ahora de las actuaciones que desarrollen las autoridades para hacer efectivas las capturas.
El mensaje institucional es contundente: terminados los diálogos, también termina la suspensión de las órdenes de captura que estaban condicionadas a ese proceso. Para los tres cabecillas señalados, el escenario judicial vuelve a quedar abierto y las autoridades retoman las facultades correspondientes para hacer efectivas las órdenes emitidas en su contra.
