Hay frases que pasan como una brisa y otras que quedan flotando sobre la bahía de Cartagena. “El que tiene para whisky, tiene para hielo”, respondió el alcalde Dumek Turbay al ser consultado por las críticas relacionadas con los precios del alquiler de embarcaciones para el Festival Náutico de las Fiestas de Independencia. El mandatario posteriormente explicó que su intención no era discriminar y defendió la llegada de turistas con capacidad de gasto a la ciudad. Pero cuando una expresión de este tipo sale de la boca del alcalde de Cartagena, difícilmente puede quedarse solamente en el terreno de la anécdota. Abre una discusión sobre qué ciudad se está construyendo y, sobre todo, sobre quiénes pueden disfrutar de sus grandes acontecimientos.
Porque aquí no estamos hablando de cualquier celebración privada. Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre fueron declaradas oficialmente Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito, y la propia Administración Distrital las presenta como una manifestación de la historia, la identidad y la cultura cartagenera. Por eso la discusión no puede reducirse a si alguien tiene o no dinero para alquilar una embarcación. La pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una política de turismo de alto poder adquisitivo sin que el cartagenero termine sintiendo que su propia fiesta se volvió inaccesible?
Cartagena necesita turismo. Necesita inversión. Necesita visitantes que consuman, que se hospeden, que utilicen los servicios de la ciudad y que generen oportunidades económicas. La Administración Distrital ha proyectado más de 119.000 visitantes por vía aérea durante la temporada de las Fiestas de Independencia, dentro de una estrategia que busca fortalecer el turismo cultural y la economía local. Nadie debería discutir la importancia de ese propósito.
Lo que sí debe discutirse es el modelo. Porque atraer turistas con capacidad de gasto no puede significar, por sí mismo, que determinadas experiencias culturales o espacios asociados a una celebración patrimonial terminen percibiéndose como privilegios reservados para quienes pueden pagarlos. Una cosa es promover turismo de lujo y otra muy distinta es construir una ciudad en la que el ciudadano local termine mirando desde la orilla aquello que ocurre en su propia bahía y aquí aparece el verdadero punto de la controversia.
¿Cuánto cuesta alquilar una embarcación? ¿Quién establece esos precios? ¿Qué incluye cada servicio? ¿Qué empresas están autorizadas? ¿Qué controles existen? ¿Qué condiciones de seguridad deben cumplir? ¿Qué entidad recibe y atiende las denuncias de los usuarios? Estas no son preguntas contra el turismo. Son preguntas a favor de la transparencia.
El propio alcalde señaló que las secretarías de Turismo y del Interior estarán atentas a los reportes sobre precios excesivos y que estos podrán ser revisados. Entonces el camino debería ser sencillo: que la información sea pública, verificable y comprensible para todos.
Que quien quiera alquilar una embarcación sepa cuánto debe pagar. Que conozca qué está incluido. Que pueda identificar al prestador del servicio. Que conozca las condiciones de seguridad. Que sepa ante quién reclamar si considera que recibió un cobro irregular. Y que la Administración explique qué puede hacer frente a eventuales abusos.
Porque decirle al ciudadano que “quien tiene para whisky tiene para hielo” puede ser una manera coloquial de explicar que determinados servicios cuestan dinero. Pero la discusión pública no puede terminar ahí. Una ciudad patrimonio no puede medir el derecho a disfrutar de su identidad únicamente por la capacidad de pago. La Administración ha anunciado, además, alternativas de acceso gratuito, entre ellas el Bololó del Arsenal, programado dentro de la agenda oficial de las Fiestas.
El Festival Náutico y el Bololó del Arsenal están previstos para el 13 y 14 de noviembre. Eso constituye una alternativa importante, pero no elimina el debate sobre las experiencias náuticas ni sobre los precios que enfrentará quien quiera participar de ellas.
Porque una cosa es tener un espectáculo gratuito en tierra y otra es garantizar que las actividades comerciales asociadas a la fiesta funcionen bajo reglas claras. La bahía no puede convertirse en una caja negra de precios.
Si habrá turismo náutico, que exista turismo náutico. Si habrá visitantes de alto poder adquisitivo, bienvenidos. Si habrá yates, embarcaciones y experiencias premium, que formen parte de la oferta turística. Pero que todo ocurra dentro de un marco de información, seguridad, legalidad y respeto por quienes viven en Cartagena.
El problema, entonces, no es el whisky. El problema sería que el whisky terminara convirtiéndose en la metáfora de una ciudad dividida entre quienes pueden pagar determinadas experiencias y quienes simplemente observan.
Cartagena de Indias tiene derecho a buscar turistas que gasten más. Tiene derecho a promover eventos internacionales. Tiene derecho a desarrollar una economía turística sofisticada. Pero también tiene una responsabilidad con sus propios habitantes, especialmente cuando se trata de unas fiestas que la misma ciudad reconoce como patrimonio cultural.
Porque la cultura no debería tener estrato. La identidad cartagenera no debería depender de una tarjeta de crédito. Y unas fiestas nacidas de la historia, de los barrios, de los cabildos, de los tambores y de la participación ciudadana no pueden terminar percibiéndose como un catálogo de experiencias disponibles únicamente para determinados bolsillos.
La discusión tampoco debería convertirse en una pelea entre “ricos” y “pobres”. Ese sería el camino fácil y equivocado. La verdadera discusión es otra: ¿puede Cartagena atraer turismo de alto poder adquisitivo sin que sus propios ciudadanos sientan que están siendo desplazados de los espacios y celebraciones que también les pertenecen?
Esa respuesta no se construye con frases. Se construye con precios transparentes, controles efectivos, prestadores identificados, seguridad, información pública y mecanismos reales de reclamación y aquí está el desafío para la Administración Distrital: demostrar con hechos que el Festival Náutico puede convertirse en una oportunidad para Cartagena sin que la capacidad de pago termine siendo el principal criterio para disfrutar de una celebración que pertenece a toda la ciudad.
El verdadero lujo de Cartagena no debería ser tener dinero para alquilar una lancha. El verdadero lujo sería que Cartagena pudiera recibir al mundo sin dejar a los cartageneros mirando desde la orilla y esa sí es una pregunta que merece respuestas.
