La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción de dominio 25 bienes que estarían relacionados con seis de los señalados involucrados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los activos están avaluados preliminarmente en cerca de $20.000 millones.
La ofensiva contra las finanzas de los señalados en el caso UNGRD comprende 19 inmuebles y seis sociedades ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos del país. Entre los bienes aparecen activos que, según la Fiscalía, estarían relacionados con el exsenador y expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el exrepresentante a la Cámara y expresidente de esa corporación Andrés Calle Aguas, además de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez.
La medida también alcanza bienes que estarían vinculados al contratista Luis Eduardo López Rosero y al ex asesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
De acuerdo con el ente investigador, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, adelantó actos de investigación orientados a identificar y verificar el patrimonio de personas señaladas dentro del macrocaso por presunto direccionamiento de contratos y desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
Como resultado de estas actuaciones, la Fiscalía determinó que existían elementos para imponer medidas cautelares sobre los 25 activos. Las propiedades se encuentran en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres, de acuerdo con la información entregada por la Fiscalía.
Las medidas incluyen suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios, diligencias que son materializadas por servidores del CTI, en coordinación con el Ejército Nacional.
En el caso de Iván Name Vásquez, la Fiscalía reportó cuatro activos ubicados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó. En uno de ellos, la medida cautelar recae sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.
A Andrés Calle Aguas estarían relacionados cuatro inmuebles ubicados en Montería; mientras que otro inmueble en Medellín estaría vinculado a Olmedo López, uno en Sabana de Torres a Sneyder Pinilla y un predio localizado en Tabio al ex asesor Pedro Rodríguez Melo.
El mayor número de activos relacionados corresponde al contratista Luis Eduardo López Rosero. Según la Fiscalía, siete bienes localizados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta tendrían relación con él. Dentro de estos activos aparecen sociedades que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas en maniobras relacionadas con la contratación de la UNGRD y con el tránsito de recursos presuntamente obtenidos de esas operaciones.
La Fiscalía aclaró que las medidas hacen parte del proceso de extinción de dominio y se enmarcan en las investigaciones que buscan establecer el origen y destinación de los bienes. La afectación cautelar no equivale, por sí sola, a una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
El caso UNGRD vuelve así a poner el foco no solo sobre las investigaciones penales, sino también sobre el patrimonio y los bienes que estarían relacionados con los señalados dentro del entramado de contratación investigado por las autoridades.
