No sé cuántos años hará que, en el barrio Crespo de Cartagena, desapareció el estadio de softbol “Miguel Medrano”, aquel concurrido diamante softbolero en el que, según el recuerdo de quienes frecuentaron el lugar, las olas del bello mar prácticamente rompían sobre la zona de los outfielders.
Era divertido y alegre asistir los fines de semana a los partidos de los llamados “rodillones”, aquellos aficionados y veteranos del béisbol que, para no despedirse del todo del “rey de los deportes”, encontraron en el softbol una manera de seguir vinculados a la pelota, acompañando los encuentros con las tradicionales “heladitas” al final de cada partido.
La historia de aquel escenario deportivo no es solamente un recuerdo personal. El Ministerio del Deporte ha reseñado que la Liga de Softbol de Bolívar realizaba sus torneos en el estadio “Miguel Medrano” del barrio Crespo y que, en 1980, el terreno fue solicitado para un uso no deportivo, situación que dejó al softbol bolivarense sin ese escenario.
Con el paso de los años, aquel espacio dejó de estar destinado al deporte y el paisaje urbano de Crespo comenzó a transformarse. En ese contexto aparece el nombre del ingeniero Ricardo Serge Pardo, quien fue concejal de Cartagena y gerente de Corvivienda, según registros periodísticos de la época y posteriores reseñas sobre su trayectoria pública. Serge falleció en 2014.
Recuerdo que, en aquellos años, surgieron cuestionamientos y comentarios alrededor de la transformación del predio que había sido utilizado para la práctica del softbol. Con el tiempo, el lugar terminó integrado al desarrollo residencial del sector.
No pretendo convertir un recuerdo ciudadano en una sentencia. Tampoco corresponde afirmar, sin la documentación judicial correspondiente, que determinada persona incurrió en una conducta delictiva. Lo que sí podemos hacer es preguntarnos qué ha ocurrido con los espacios que alguna vez fueron destinados al disfrute colectivo de los cartageneros. Porque esa es, precisamente, la pregunta que atraviesa esta columna. ¿Qué hemos perdido?
Después llegó el gobierno de Juan Manuel Santos y, con él, el proyecto conocido como el “Túnel de Crespo”. La transformación de este sector de la ciudad también modificó el entorno costero y la relación de los habitantes con determinadas zonas de playa que forman parte de la memoria de generaciones de cartageneros.
Entre esas memorias aparece la llamada “Playa de las Monjas”, un nombre que permanece en el relato oral de quienes conocieron aquel sector y recuerdan la presencia de religiosas que acudían allí a bañarse. Son recuerdos que no aparecen necesariamente en los planos de una obra pública, pero que también forman parte de la historia urbana de Cartagena.
Y llegamos al presente. Con las actuales intervenciones de protección costera impulsadas por la administración distrital, vuelve a surgir una discusión legítima: ¿cómo proteger nuestras playas sin que la ciudad termine perdiendo su relación visual, recreativa y cultural con el mar? Es una pregunta que merece respuestas técnicas, públicas y verificables.
En sectores como Marbella y el tramo comprendido entre Las Tenazas y Bocagrande se han desarrollado intervenciones destinadas a la protección del litoral. Mi preocupación, como ciudadano y columnista, no consiste en negar la necesidad de proteger la ciudad frente a la erosión y los efectos del cambio climático. La pregunta es otra: ¿cuánto cuestan estas obras, qué resultados producen y cómo se puede comprobar que cada peso invertido cumple efectivamente el propósito para el cual fue contratado? Ese debería ser el verdadero debate.
No basta con colocar grandes estructuras, piedras o elementos de protección sobre la línea costera. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios técnicos, los contratos, los costos, los interventores, las metas y las evaluaciones que permitan determinar si las obras cumplen su función.
Y si existen cuestionamientos sobre posibles beneficiarios privados, financiación política o eventuales irregularidades contractuales, corresponde que esas afirmaciones sean sustentadas con documentos, investigaciones oficiales o decisiones judiciales, no simplemente con comentarios de pasillo.
Por eso, prefiero formular preguntas antes que dictar sentencias. ¿Quién decidió? ¿Con qué estudios? ¿Cuánto costó? ¿Quién contrató? ¿Quién ejecutó? ¿Quién interventoró? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Y quién responde si una obra pública no cumple con la finalidad para la cual fue contratada?
También está el caso de la zona donde funcionó el antiguo centro recreativo de Comfenalco, en Crespo, hoy relacionado con el complejo de Corales de Indias.
Este episodio sí tiene antecedentes documentados. En 2011 se produjo una controversia judicial relacionada con la construcción del Centro Recreacional y Empresarial Los Corales y la posible afectación de un área de bajamar. Posteriormente hubo decisiones judiciales dentro de ese proceso.
Incluso documentos oficiales y antecedentes de la época registran actuaciones administrativas relacionadas con el proyecto de construcción del Centro Recreacional con Servicios Turísticos Cafam-Comfenalco Los Corales, localizado entre las calles 61 y 62 del barrio Crespo.
Por eso, más que repetir versiones, conviene acudir a los documentos. Porque las playas, los escenarios deportivos y los espacios públicos no son simples lotes disponibles para que cada generación haga con ellos lo que quiera. Son parte de la memoria urbana y del patrimonio colectivo de una ciudad que ha crecido, se ha transformado y también ha perdido lugares que alguna vez fueron importantes para sus habitantes.
Crespo ha cambiado, Cartagena ha cambiado. El mar sigue allí, pero la ciudad que conocimos frente a ese mar ya no es la misma y entonces aparece la pregunta que da título a esta columna: ¿Qué más nos van a quitar?
No se trata de oponerse al desarrollo ni de idealizar el pasado. Se trata de exigir que cada transformación de la ciudad tenga una explicación pública, técnica, ambiental y jurídica; que los recursos públicos sean vigilados; que los bienes de uso público reciban la protección que establece la ley y que los ciudadanos puedan conocer quién toma las decisiones que terminan cambiando para siempre el paisaje de Cartagena.
Porque una ciudad también se construye conservando aquello que no debería perderse y cuando un espacio desaparece, una playa cambia, un escenario deportivo deja de existir o una parte del paisaje queda transformada para siempre, la pregunta ya no es solamente qué se construyó. La pregunta es también qué perdimos y, sobre todo, qué más estamos dispuestos a perder sin siquiera preguntar por qué.
