La DIMAYOR volvió a levantar la voz contra la violencia en los estadios. Y tiene razón en algo fundamental: ningún resultado deportivo, por doloroso que sea, justifica una agresión. Sin embargo, el fútbol colombiano está llegando a un punto en el que los comunicados de rechazo se parecen demasiado a un ritual que se repite después de cada escándalo, mientras el problema sigue creciendo y las soluciones concretas no aparecen con la contundencia que exige la situación. ¡Ya basta de indignación de micrófono y condenas de papel!
El país no necesita que sus dirigentes deportivos vuelvan a explicar que el fútbol es una fiesta. Eso lo sabe cualquier aficionado que compra una boleta, se pone la camiseta de su equipo y lleva a sus hijos al estadio. Lo que necesita saber es quién responde cuando esa fiesta termina convertida en una batalla campal, cuando los violentos atacan a jugadores, árbitros, trabajadores y policías, y cuando las familias terminan huyendo de escenarios que deberían ser espacios de encuentro y entretenimiento. ¿hasta cuándo los verdaderos aficionados tendrán que pagar las consecuencias de la intolerancia de unos cuantos?
La violencia en los estadios no puede seguir tratándose como un episodio aislado, una reacción emocional a una derrota o un problema que se resuelve con un pronunciamiento institucional. Detrás de cada agresión hay responsabilidades individuales, fallas de prevención y, cuando corresponda, responsabilidades de quienes tienen a su cargo la organización y seguridad del espectáculo.
La DIMAYOR exige identificación, captura y judicialización de los responsables. Es un llamado necesario, pero también debe acompañarse de decisiones verificables. Los clubes tienen que asumir su responsabilidad en los protocolos de seguridad, el control de acceso, la identificación de agresores y la prevención de enfrentamientos. Las autoridades deben investigar y actuar. Y quienes utilizan el fútbol como excusa para delinquir deben enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
Pero hay otro asunto que no puede seguir escondiéndose detrás del discurso de la pasión: las barras y sus estructuras de liderazgo también tienen una responsabilidad. No se puede reclamar respeto mientras se toleran amenazas, intimidaciones y comportamientos violentos en nombre de una camiseta. La fidelidad a un equipo no concede patente de corso para agredir, destruir o poner vidas en peligro.
Tampoco basta con cerrar tribunas, imponer sanciones económicas o jugar partidos a puerta cerrada si no se identifica y sanciona a los verdaderos responsables. Las medidas deben ser proporcionales, efectivas y dirigidas contra quienes protagonizan los hechos, sin convertir a los aficionados que cumplen las reglas en víctimas de castigos colectivos.
El fútbol colombiano tiene una deuda con sus hinchas, con los niños que sueñan con ver jugar a sus equipos y con las familias que han dejado de asistir a los estadios por temor a quedar atrapadas en medio de una agresión y esa deuda no se paga con comunicados.
Se paga con prevención, controles efectivos, investigaciones, sanciones y decisiones que se cumplan. Se paga demostrando que ningún violento está por encima de la ley y que ningún club, dirigente o autoridad puede mirar hacia otro lado cuando la seguridad de las personas está comprometida.
La DIMAYOR dice que llegó el momento de pasar de las palabras a las acciones. Pues bien, que así sea. Que el próximo comunicado no tenga que escribirse después de otro jugador agredido, otro estadio convertido en campo de batalla o una familia aterrorizada. El fútbol no puede seguir secuestrado por los violentos. Los estadios no son territorios sin ley y las camisetas no son licencias para delinquir. ¡Menos comunicados, más autoridad y cero impunidad!



