El fenómeno de El Niño podría convertirse en una amenaza silenciosa para el abastecimiento de agua de Cartagena y la supervivencia de los ecosistemas que sostienen a miles de familias en la cuenca del Canal del Dique. La advertencia tiene fundamento científico y plantea una pregunta incómoda para las autoridades: ¿está preparada la ciudad para enfrentar una eventual crisis hídrica o seguirá esperando a que el problema llegue a los grifos de los hogares?
Las proyecciones climáticas advierten sobre posibles reducciones en la disponibilidad de agua, temperaturas elevadas y afectaciones severas en los humedales del Caribe colombiano. En este escenario, el Canal del Dique adquiere una importancia estratégica. No se trata solamente de una vía fluvial que conecta al río Magdalena con el Caribe, sino de un sistema ecológico del que dependen comunidades, actividades productivas, especies acuáticas y fuentes esenciales de abastecimiento.
El riesgo no termina cuando baja el nivel del agua. Puede comenzar una crisis mucho más profunda. A lo largo de la cuenca del Canal del Dique, numerosas ciénagas cumplen funciones fundamentales para la biodiversidad y el bienestar de las poblaciones. Sin embargo, una prolongada temporada seca podría reducir sus niveles, comprometer la pesca, afectar la producción agrícola y limitar el acceso al agua de comunidades que dependen directamente de estos ecosistemas.
A esto se suma un fenómeno particularmente preocupante: la intrusión de la cuña salina. Cuando disminuye el caudal de agua dulce, el agua marina puede avanzar hacia el interior de los sistemas fluviales, modificando sus condiciones fisicoquímicas y elevando la salinidad. El resultado puede ser devastador para especies adaptadas a ambientes de agua dulce y para las comunidades que utilizan estos recursos para sobrevivir.
Quienes han navegado el Canal del Dique durante diferentes épocas del año conocen las señales de esta problemática: deterioro progresivo de la vegetación ribereña, alteraciones en los ecosistemas y desplazamiento de las comunidades en busca de fuentes de agua dulce. Esa búsqueda implica mayores recorridos, más consumo de combustible y gastos adicionales que terminan golpeando, principalmente, a las familias económicamente vulnerables.
Cartagena también está en la línea de riesgo. Aunque la ciudad se encuentra a decenas de kilómetros del Canal del Dique, su abastecimiento de agua depende de un ecosistema estrechamente relacionado con esta arteria fluvial: el Complejo Cenagoso Juan Gómez-Dolores, ubicado en jurisdicción de Arjona, cerca del corregimiento de Rocha.
De este humedal proviene el agua cruda que posteriormente es sometida a procesos de potabilización para abastecer a Cartagena. Su importancia va mucho más allá de almacenar agua. El complejo cumple funciones naturales de sedimentación, filtración y regulación ecológica, en las que intervienen plantas acuáticas, peces, mejillones y otros organismos que contribuyen a la retención y transformación de materiales presentes en el agua.
Por eso, cualquier alteración significativa de este ecosistema puede tener consecuencias directas sobre la calidad del recurso que llega a los hogares cartageneros. La proliferación de microalgas, la acumulación de contaminantes y el deterioro de las condiciones ambientales podrían obligar a incrementar los costos de tratamiento y generar dificultades operativas para la empresa responsable del servicio, Aguas de Cartagena. En un escenario crítico, los sectores de menores ingresos serían los más expuestos, especialmente si se encarece el acceso al agua en el mercado comercial.
La pregunta es cuánto está invirtiendo Cartagena para proteger el agua que consume. El panorama exige pasar de las intervenciones coyunturales a una verdadera política de protección de las fuentes abastecedoras. Y aquí aparece una obligación legal que merece especial atención.
El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 2320 de 2023, establece la destinación de mínimo el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación de los municipios y distritos para la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que abastecen acueductos.
Esto abre una oportunidad para que Cartagena destine recursos a la protección del Complejo Cenagoso Juan Gómez-Dolores mediante la adquisición de predios, restauración ecológica, soluciones basadas en la naturaleza, pagos por servicios ambientales y acciones de adaptación al cambio climático.
Las cifras dimensionan la responsabilidad. Si se toman como referencia unos ingresos corrientes de libre destinación proyectados entre $1,1 y $1,3 billones de pesos para 2026, el 1% representaría entre $11.000 y $13.000 millones anuales. Se trata de una inversión potencialmente decisiva para proteger un ecosistema del que depende buena parte de la seguridad hídrica de Cartagena.
El problema es que durante años ha predominado la reacción sobre la prevención. La gestión del Complejo Cenagoso Juan Gómez-Dolores ha estado marcada, en buena medida, por intervenciones operativas y respuestas a situaciones de deterioro, sin que se consolide una estrategia integral de restauración y conservación de largo plazo.
No basta con atender las emergencias cuando aparecen. Se necesita recuperar la funcionalidad ecológica del humedal, mejorar su conectividad hídrica, controlar las fuentes de contaminación y garantizar que las comunidades vecinas participen activamente en su protección.
Para conseguirlo, Cartagena debe liderar un acuerdo institucional con el municipio de Arjona y Cardique que permita estructurar un plan maestro de seguridad hídrica y ecosistémica. La propuesta contempla la creación de un mecanismo financiero compartido que garantice recursos permanentes para la restauración de la cuenca y el reconocimiento económico a las comunidades que contribuyan a conservarla.
La experiencia internacional demuestra que proteger las fuentes de agua es una inversión estratégica. Nueva York, mediante la conservación de la cuenca de Catskills, y Puerto Rico, con las acciones de protección de El Yunque, ofrecen referentes sobre cómo la preservación de los ecosistemas puede convertirse en una política fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable.
Cartagena necesita avanzar en esa dirección. También requiere infraestructura sanitaria para las poblaciones asentadas en el área de influencia, sistemas de tratamiento de aguas residuales, monitoreo ambiental permanente y mecanismos de vigilancia ciudadana que permitan conocer cómo se invierten los recursos.
¿Y qué pasará si las autoridades siguen aplazando las decisiones? El análisis mediante la metodología de Rutas de Adaptación Dinámica (DAPP) permite evaluar diferentes escenarios frente a la incertidumbre climática y ambiental. Bajo esta perspectiva, continuar con intervenciones reactivas podría conducir al complejo cenagoso a un punto crítico de deterioro ecológico y reducción de la disponibilidad de agua hacia el año 2030.
No es una fecha que deba interpretarse como una predicción inevitable, sino como una señal de alerta sobre las consecuencias de mantener el modelo actual de gestión.
La alternativa es comenzar a cambiar el rumbo, preferiblemente antes de 2028, mediante una estrategia conjunta que permita activar inversiones en restauración, saneamiento, conservación y participación comunitaria. El horizonte debe ser 2040: contar con un complejo cenagoso ambientalmente recuperado y una fuente de agua segura para las generaciones presentes y futuras.
La protección del Juan Gómez-Dolores no puede seguir siendo un asunto secundario en la agenda pública de Cartagena. Es una responsabilidad ambiental, social y económica que compromete al Distrito, a Arjona, a Cardique, a Aguas de Cartagena, a la academia y, por supuesto, a las comunidades que habitan la cuenca.
Porque cuando se deteriora un humedal no solamente desaparecen especies y paisajes naturales. También se pone en riesgo la alimentación, la salud, la economía de las familias y la disponibilidad de agua para millones de personas.
Cartagena no puede esperar a que el agua escasee para descubrir el valor de sus humedales. La seguridad hídrica se construye antes de la emergencia, no después de ella.
Como recordaba el recientemente fallecido doctor Julio Carrizo Umaña (q. e. p. d.): «Los recursos de hoy son el bienestar del mañana». Una reflexión que las autoridades deberían convertir en decisiones, presupuesto y acciones concretas.




