Entre la retórica internacional y la realidad de violencia en Colombia, las voces de miles de víctimas siguen sin resonar en el discurso presidencial.
En su más reciente aparición en el escenario internacional, el presidente Gustavo Petro lanzó una consigna que, en apariencia, busca resignificar la política exterior: “No queremos misiles sobre Caracas, ni sobre ningún país de América”. Así lo expresó durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá, apelando a la integración regional y a una América libre de intervenciones militares externas.
La frase, estéticamente atractiva en una conferencia global, puede sonar noble al oído de quienes anhelan un continente sin guerras de gran escala. Pero ¿Qué sentido tiene en su propio país, donde las balas, las bombas y las amenazas no vienen del norte global, sino de actores armados que operan en el territorio colombiano?
Mientras Petro se proyecta como paladín de la no militarización en América, la violencia en regiones como el Catatumbo y el Cauca sigue cobrando vidas y desplazando comunidades enteras. En la frontera nororiental de Colombia, la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC se ha traducido en decenas de muertos, desplazamientos masivos y un estado de terror que obliga a miles de familias a huir de sus hogares.
No se trata de una situación puntual o residual. Las cifras y testimonios son aplastantes: cerca de 60.000 personas han sido desplazadas, y los enfrentamientos han dejado un número significativo de víctimas civiles, incluidos líderes sociales y menores de edad. Las comunidades rurales (donde el Estado se percibe como ausente y distante) soportan confinamientos, masacres y amenazas, sin que esas tragedias se reflejen con la misma intensidad en la agenda política del Gobierno.
La tragedia del Catatumbo no es una abstracción. Es real, visceral y con nombres propios: líderes sociales asesinados, familias desarraigadas, cultivos abandonados y un sentimiento generalizado de abandono estatal. Esta realidad contradice la imagen de un país que “camina hacia la paz”, pues el conflicto armado se recrudece en áreas donde grupos ilegales imponen su ley.
Si Petro se preocupa por que no caigan misiles sobre Caracas, ¿por qué parece menos preocupado por la lluvia de muerte que sí cae sobre Colombia? ¿Por qué su retórica no incorpora, con igual énfasis, condenas explícitas a los asesinatos selectivos, a los confinamientos forzados y a la violencia sistemática de grupos que operan con total impunidad? Esta aparente incoherencia entre la retórica internacional y la política interna es más que un descuido: es una señal preocupante de prioridades distorsionadas.
Es legítimo (y necesario) abogar por una América Latina sin intervención militar ni políticas de confrontación entre Estados soberanos. Sin embargo, esa postura internacional no puede ser un pretexto para diluir la gravedad de la violencia interna que sufren los colombianos. El discurso sobre misiles parece lejano e irrelevante para quienes viven bajo la sombra de morteros improvisados, reclutamiento forzado, ataques con drones y explosiones que no provienen del exterior, sino de la lógica de grupos ilegales que controlan amplias zonas rurales.
La seguridad de un país no se mide solo por lo que ocurre en el plano diplomático, sino por la vida cotidiana de sus ciudadanos. Cuando las comunidades quedan atrapadas entre el fuego cruzado de grupos armados, la protesta más urgente no es contra la posible llegada de misiles extranjeros, sino contra la incapacidad del Estado de garantizar orden y justicia dentro de sus propias fronteras.
No hay duda de que la militarización externa puede traer consecuencias devastadoras para cualquier nación americana. Pero también es una verdad innegable que miles de colombianos sufren hoy violencia estructural que no recibe ni titulares ni discursos presidenciales emotivos. La guerra que preocupa a Petro parece ser la de otros países o una abstracción geopolítica; la que mata colombianos es la que exige respuestas tangibles, coherentes y firmes aquí mismo, en el territorio nacional.
Si de verdad se busca una “potencia de la vida” para América, como propone el presidente, esa visión debe comenzar por salvaguardar la vida de quienes están bajo su mandato. No basta con condenar misiles lejanos si no se puede brindar seguridad frente a las balas, las minas y los drones que golpean a civiles y soldados por igual dentro de Colombia.
La política internacional sin seguridad interna es un castillo en el aire. Y la paz proclamada desde una tarima perderá sentido si, en el mismo momento, el país que gobierna sigue en guerra consigo mismo. Los colombianos merecen discursos que reflejen sus sufrimientos reales, y no solo consignas diplomáticas que ignoran la sangre que se derrama en sus campos.
