Quisiera pasar la página y dejar atrás el escándalo del embarcadero de Playa Blanca, para continuar con el tema de los clanes de la contratación en Cartagena y Bolívar, pero el alcalde Dumek Turbay y su círculo de contratistas insisten en tratar a los cartageneros como ingenuos. Entre discursos triunfalistas, pólizas que aparecen y desaparecen, y versiones que se contradicen a diario, lo único sólido de esta obra es el descaro con el que se intenta ocultar un fracaso anunciado.
Desde el fin de semana hasta hoy han cambiado sin pudor el libreto día tras día. Después de repetir hasta el cansancio que los daños serían cubiertos por la póliza de garantía de la obra, terminaron dando un vergonzoso reversazo: ahora dicen que el constructor pagará la reparación de su propio bolsillo y que la póliza, convenientemente, ya no aplica.
Señoras y señores, este reversazo no es asunto menor. Es un indicador de una administración que improvisa sobre la marcha dentro del desespero por tratar de explicar torpemente la destrucción del muelle. Recordemos que el día de la inauguración Turbay dijo con airecito sobrador: «este es un muelle, no un muellecito…ni maqueta ni carreta, grábatelo»; así como también los medios adeptos al burgomaestre documentaban que el embarcadero era «una estructura sólida, segura y duradera frente a las condiciones de oleaje y marea».
Resultó que la estructura no era sólida, ni segura ni duradera, ya que colapsó a menos de cuatro meses de su inauguración. Al final, ‘viejo Dume’, fue pura maqueta y carreta, como ya lo venía advirtiendo desde mayo del 2025 en mis denuncias públicas y ante los entes de control. Nada mejor que ver un día tras del otro. El tiempo me dio la razón; lastimosamente a costilla de los contribuyentes, quienes son, al final del día, los que pagan la cuenta.
No vayan a creer que el pago de la reparación por parte del constructor es por altruismo puro. Nadie trabaja a pérdidas y mucho menos un contratista estatal. Las razones detrás de este intento de echar el sucio bajo la alfombra y que nadie diga nada obedecería, entre otras, a varias razones: (1) que no hay aseguradora que pague por un evento de fuerza mayor; (2) que alguien tiene que ser el chivo expiatorio y dado que los consorcios constructores e interventor son amigos del alcalde, ¿adivinen a quién van a sacrificar?; y (3) que muy posiblemente hay falencias en el diseño y en los materiales usados (para morirse se la risa: ahora dicen que van a poner materiales ‘más resistentes’).
Y si hacemos un análisis rápido de los números, el panorama parece esclarecerse, indicándonos qué estaríamos en presencia de contratos inflados y obras mal hechas y posible pago de coimas. Analicemos ese negociazo del embarcadero de Playa Blanca.
Los daños se relacionan a los ítems 3 y 4 de la propuesta económica del proyecto, los cuales suman $3.052 millones. En mi opinión, el costo real del proyecto sería de un cuarto o menos del costo total del embarcadero ($5.260 millones).
Si miramos el AUI (Administración, Utilidades e Imprevistos) nos damos cuenta que fue del 31.57%, lo cual puede considerarse escandaloso bajo los estándares comunes del mercado (al menos en EE.UU.). Ese 31.57% se distribuyó así: 25% de administración, 3.57% de utilidades y 3% de imprevistos.
De cierta manera, el alcalde Turbay y sus cuates del consorcio constructor e interventor (con la connivencia de gran parte de la prensa local y nacional) nos quieren hacer creer que los constructores van a poner dinero de sus ganancias para reparar los daños (en lo referente a los ítems 3 y 4), que fueron solo $187.78 millones. Es decir que, para no estar en pérdida, los daños de ese embarcadero deberán, como máximo, costar ese valor para no perder ni ganar (breakeven). Pero recuerden que nos dijeron en el presupuesto que los ítems 3 y 4 les costó $3.052 millones.
Los constructores pasarán a la historia como los mentirosos más dadivosos del universo. O como lo registró irónicamente Bryan Zambrano desde su cuenta de ‘X’: «Gracias papá Dumek Turbay por tocar con tu magia a esos empresarios de bien que, hoy, «sacrifican sus utilidades» y la estabilidad financiera de sus negocios para que Cartagena vuelva a «brillar». Deberías ser eterno papanducho».
Y hay algo más que sugiere que el costo real de esa obra sería incluso menos de un cuarto (25%) del costo total de $5.260 millones. Los $187.78 millones de utilidades son cerca del 6.2% de $3,052 millones (costo de los ítems 3 y 4, que fue lo que se dañó). Si se suman el porcentaje de las utilidades (3%) y los imprevistos (3.57%) nos da 6.57%.
Ahora bien, si el constructor está dispuesto a pagar de su bolsillo y si suponemos que hay coimas, esto sugeriría que el costo real podría ser mucho menor. Estaríamos hablando de algo entre el 7% y 10% del costo propuesto de $5.260 millones. Esto se alinea con lo que me dijo un amigo: «usualmente en Colombia un contrato, en el mejor de los casos, tiene gastos no superiores al 30%, el resto es la ganancia neta. En este caso concreto estimo que los costos fueron inferiores al 10%, lo que coincide con tus estimaciones». Sin duda que interpondré acciones legales en contra del constructor y la Alcaldía de Cartagena.
Lo que nadie puede olvidar acerca de este penoso episodio en la historia de la administración pública de la ciudad y una de las tantas vergüenzas de la ingeniería cartagenera (p.ej., protección costera y el canal Emiliano Alcalá) es que como esos dos contratos (el de construcción e interventoría de los embarcaderos) hay nueve más denunciados en la Fiscalía 55 Seccional Cartagena desde junio del año pasado por varias conductas punibles, entre las que están: fraude procesal, falsedad en documento privado y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Y que el hecho de que la fiscal Lizzette Santacruz Rojas en ocho meses no haya expedido la orden para empezar la fase de investigación (solo lo hizo hace cuatro días, luego de una tutela que le puse) y así sea que se reconstruya el embarcadero un millón de veces, esto debe decirle a los cartageneros el tipo de alcalde eligieron y cómo operaría la justicia en la ciudad. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Alguien sabe quién va a pagar si ocurren daños en el embarcadero durante otros eventos ‘excepcionales’?
El muelle colapsó, pero lo verdaderamente hundido es la credibilidad de una administración que improvisa, encubre y juega con los recursos públicos. Aquí no hubo fuerza mayor ni altruismo empresarial: hubo contratos inflados, diseños dudosos y una justicia que llega solo cuando la obligan a empujones. Que se reconstruya el embarcadero las veces que quieran; la pregunta de fondo seguirá intacta y sin respuesta: ¿Cuántas obras más tendrán que caerse para que Cartagena deje de pagar, con su plata y su dignidad, la carreta de siempre?
Ñapa | ¿Quién podría decirme cuál es la gravedad específica de la piedra de las rocas que ponen en todas las obras de protección costera que hacen en Cartagena?
