En medio del incremento sostenido en los niveles de los embalses por lluvias atípicas, el Superintendente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, reiteró el llamado a las empresas hidroeléctricas para que, en un escenario de mayor disponibilidad hídrica, la generación de energía se traduzca en precios eficientes y favorables para los usuarios.
El pronunciamiento se dio durante una visita de inspección a la Central Hidroeléctrica Calima, operada por Celsia, infraestructura que actualmente registra un 97,2 % de su volumen útil.
“En el marco del aumento del volumen útil de los embalses, esperamos que la generación de energía tenga un impacto favorable a los usuarios, así como prevenir posibles inundaciones ante los caudales de los ríos aportantes”, señaló el Superintendente.
Durante la visita se evaluaron:
- Niveles de llenado y margen frente al vertedero.
- Condiciones operativas de generación.
- Plan de gestión del riesgo de desastres.
- Cumplimiento de obligaciones técnicas y administrativas.
Según la entidad, el 2,8% restante del embalse equivale a 61 centímetros para alcanzar el nivel del vertedero. No se evidencian riesgos actuales de vertimientos que puedan generar afectaciones aguas abajo. La central hidroeléctrica, que se abastece de los ríos Calima y Bravo, genera energía para aproximadamente 70.000 hogares.
Durante febrero de 2026, la Superservicios también realizó visitas de inspección a los embalses de:
- Urrá (Córdoba)
- Hidroituango (Antioquia)
- Calima (Valle del Cauca)
Estas acciones hacen parte de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la temporada de lluvias y fortalecer la supervisión sobre las principales generadoras del país.
La Superintendencia reiteró que la mayor disponibilidad de recurso hídrico debe reflejarse en:
- Eficiencia en la generación eléctrica.
- Cumplimiento del marco regulatorio.
- Continuidad del servicio.
- Protección de los derechos de los usuarios.
Con este despliegue de inspección, el Gobierno busca garantizar que la operación de los recursos hídricos responda a criterios técnicos, financieros y de gestión del riesgo, evitando impactos tarifarios injustificados y reduciendo vulnerabilidades ante eventuales emergencias por crecientes.
