El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena y cinco funcionarios de la administración municipal fueron capturados por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos destinados a la logística de transporte y viáticos de jurados y delegados durante la jornada electoral del pasado 8 de marzo.
Las capturas fueron realizadas en las últimas horas en Mutatá, Antioquia, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en el marco de una investigación adelantada por las autoridades sobre el manejo de los recursos públicos destinados a garantizar la logística electoral.
De acuerdo con la información conocida, los recursos estaban destinados a cubrir gastos de transporte y viáticos para los jurados y delegados que participaron en la jornada electoral. Las autoridades habrían detectado inconsistencias en el desembolso y manejo de estos dineros, situación que dio paso a la investigación penal.
Los seis capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías por parte de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó, quien solicitará la imputación de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía deberá exponer ante el juez los elementos materiales probatorios y la evidencia física que sustentan las imputaciones, mientras que los funcionarios tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa dentro del proceso judicial.
La captura constituye el inicio de una nueva etapa del proceso y no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal. Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar, conforme al debido proceso, la situación jurídica de los investigados.
El caso concentra la atención en el manejo de recursos públicos destinados a garantizar la logística electoral y en las actuaciones de los funcionarios responsables de su administración. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar las responsabilidades individuales que correspondan.
