La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ex alcalde de El Carmen de Bolívar, Francisco José Vega Arrauth (2012-2015), por presuntas irregularidades en un contrato de $2.291.590.802 pesos.
La medida también cobija al exsecretario de Planeación y supervisor del contrato, Mario José Melo Villa, y al ex interventor de las obras de acueducto del municipio de Caracolí, Winston Hernandez Anaya.
El Ministerio Público imputó tres cargos al ex alcalde. En el primero, le cuestionó que al parecer permitiera la ejecución del contrato LP 005 de 2014, que tenía por objeto la “construcción del acueducto de Caracolí, municipio de El Carmen de Bolívar”, sin tener la licencia ambiental requerida para la ejecución de la obra.
Así mismo, el ente de control señaló que Vega Arrauth pudo incurrir en falta disciplinaria al participar en la actividad contractual, con el presunto desconocimiento de los principios de economía y responsabilidad, al suscribir el negocio jurídico sin contar con los estudios previos suficientes y completos que determinaran el alcance de las obras, y en lugar en el que se realizarían, porque en el momento de la ejecución se dieron cuenta que las construcciones se estaban adelantando en predios que no pertenecían al municipio.
En el último cargo, la Procuraduría le reprochó al investigado el que presuntamente suscribiera el contrato LP 005 de 2014, con la Asociación de Municipios del Sur de la Guajira -Asoaguas-, pese a que esta se encontraría inhabilitada, por tener vigente una sanción de incumplimiento y caducidad contractual.
Con relación al ex secretario de Planeación, Mario José Melo Villa, y al ex interventor de las obras de acueducto del municipio de Caracolí, Winston Hernández Anaya, particular con funciones públicas, el ente de control señaló que podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, porque al parecer habrían suscrito el acta de inicio del contrato omitiendo el deber de informar el hecho de que los predios donde se construía el acueducto no pertenecían al municipio, y que las obras no contaban con los permisos y licencias ambientales requeridas.
Para la Procuraduría Melo Villa y Hernández Anaya pudieron vulnerar las normas determinadas en la Ley 734 de 2003 y las funciones y deberes previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
Las presuntas faltas fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de culpa gravísima.
