Con el paro nacional promovido por las centrales obreras y organizaciones sociales, iniciado el pasado 28 de abril para exigir el retiro de la reforma tributaria radicada por el Gobierno en el Congreso, se dio paso a las manifestaciones pacíficas y la diversificación de los discursos, pero también a los actos violentos y bloqueos de vías, que han sumido a Colombia en una grave crisis. En realidad había quedado aplazada por la pandemia, luego del paro en noviembre de 2019 y guarda ciertas similitudes con las crisis ocurridas en Ecuador, Chile, Perú y Estados Unidos.
La del Ecuador, a principios de octubre de 2019, por la eliminación de los subsidios a los combustibles que llevó a declarar el estado de excepción en todo el país; en Chile, desde mediados de octubre del mismo año, hasta el referéndum por una nueva Constitución Nacional, originado por el alza de 4 centavos de dólar en el pasaje del metro; la crisis en Perú, a finales del año pasado, luego de la destitución de Martín Vizcarra y la seguidilla de sucesores con Manuel Merino y Francisco Sagasti; y recientemente, lo sucedido en Estados Unidos, donde el detonante fue el problema racial propiciado tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020, durante su arresto por 4 policías en Minneapolis, Minnesota. Un estallido que no terminó hasta que fue elegido presidente, Joe Biden.
En Colombia, sumado a la población afectada que protesta, están las tensiones sociales y externalidades interesadas, tanto del orden interno como internacional. En lo interno, además de intereses políticos soterrados, las guerrillas toman partido y el narcotráfico aprovecha. En lo externo, las condenas de los organismos internacionales con los pronunciamientos de la ONU y la OEA, la posición de Estados Unidos de no apoyar económicamente al ESMAD y demandas de las organizaciones de derechos humanos, entre otras, juegan un papel preponderante en esta crisis.
Además, países dictatoriales interesados en la desestabilización de Colombia, como Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Prueba de ello, la expulsión del diplomático cubano en estos días. Igualmente, es revelador que algunas convocatorias a marchas y disturbios en Colombia fueron realizadas desde servidores de internet, la mayoría ubicados en Bangladesh, China y Corea del Norte. Según Red+Noticias, un equipo de expertos en Miami especializados en inteligencia artificial y minería ilegal de datos, en los últimos días concluyó que “hay más de 7 mil cuentas falsas que estarían promoviendo y replicando fake news, y alentando a los ciudadanos a cometer actos vandálicos”, con el fin de incendiar las redes sociales y crear confusión.
Al hacer una analogía entre el tetraedro del fuego y la situación reinante en Colombia, encontramos cómo el fuego (paro, protestas y actos violentos) puede propagarse y tener continuidad, partiendo del triángulo necesario para producirlo: combustible, comburente y energía de activación. El combustible, es cualquier sustancia capaz de arder (población afectada); comburente, es el oxígeno u oxidante de la reacción (pandemia, tensiones sociales y externalidades); y energía de activación, la mecha necesaria para que reaccionen las dos anteriores (la reforma tributaria).
El triángulo y el tetraedro son dos conceptos fundamentales para comprender el fuego, más concretamente, cómo se produce y expande. Este conocimiento es vital para su prevención y extinción. Del mismo modo, extrapolando a la crisis existente, solo se podrá prevenir la expansión o cesar el paro, las protestas y los actos violentos, si se actúa sobre los referidos elementos del tetraedro. Es decir, lograr que se resuelva uno de sus elementos porque al igual que en el triángulo del fuego, ante la ausencia de cualquiera de ellos, la crisis como el fuego se extingue.
No obstante haber desaparecido el detonante del paro, este continúa dando lugar a nuevas exigencias de su comité promotor, que a juicio de los expertos costaría cuatro reformas tributarias por año, equivalente a 58 billones de pesos. El doble de la que se tumbó, cuantificando solamente las pretensiones 2 y 4 del pliego de peticiones de siete puntos: 1) Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación; 2) Renta básica de al menos un salario mínimo mensual; 3) Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las MiPymes, empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria; 4) Matrícula cero y no a la alternancia educativa; 5) No discriminación de género, diversidad sexual y étnica; 6) No privatizaciones y derogatoria del Decreto 1174; y, 7) Detener erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos y aspersiones aéreas con glifosato.
Así las cosas, la situación es compleja y para nada fácil. Por un lado, se requieren consensos políticos y disposición de las partes, para llegar a un diálogo que culmine en acuerdos satisfactorios. Por otro lado, la autoridad y la gobernabilidad se deben ejercer legítima y legalmente, con apego a la constitución y la ley, para evitar que los ciudadanos sigan siendo agredidos y sus bienes destruidos. En efecto, defendiendo a sus familias y lo que han construido durante años de sacrificio, al mismo tiempo que se protege y respeta la protesta pacífica. Para esto último, es necesario impedir que la habitual desconfianza entre policías y manifestantes, profundizada durante la pandemia por los controles de la autoridad, lleven a enfrentamientos inútiles y fratricidas.
De hecho, en una democracia y un estado de derecho, ninguna expresión de violencia tiene cabida bajo el pretexto del ejercicio de la protesta pacífica, toda vez que se desnaturaliza y deslegitima, por cuanto deja de ser un derecho fundamental constitucional para convertirse en delito. De ahí el imperativo que no haya más bloqueo de vías, ni más encapuchados saqueando o destruyendo locales y entidades bancarias, arrojando piedras, incendiando y destruyendo el transporte público. Mucho menos más ciudadanos, ni policías muertos y heridos; en últimas, todos son seres humanos e hijos del pueblo.
Por tanto, mientras se alcanzan consensos y se logran acuerdos, el esfuerzo de las autoridades se debe focalizar en quienes provocan problemas, desorden, confrontaciones, caos e inestabilidad en el país. Al mismo tiempo, el mayor aporte ciudadano a la institucionalidad se puede brindar no convirtiéndose en caja de resonancia de quienes están detrás de perturbar el orden público y crear caos. La difusión de videos, audios y fotografías editadas que envían falsos testimonios, solo contribuye a la incertidumbre y zozobra.
En estos momentos de crisis el mayor problema es la violencia, a través del vandalismo, por lo que se debe descalificar y denunciar, cualquier infiltración a la protesta o ataque a la población civil, a las autoridades y a los bienes, tanto públicos como privados. Lo más importante es que prevalezcan los valores democráticos de la vida, la integridad física, el orden legítimamente constituido y la defensa de la libertad.
