En un país que presume de siempre pagar sus deudas, es la primera vez que se hunde una tributaria. Si bien eran necesarios mayores recursos, el texto era un popurrí fiscalista sin coherencia de propósito. Además de la ampliamente discutida injusticia social, el detalle traía un sesgo anti-inversión. Lo óptimo sería recortar impuestos, un estímulo fiscal y bajos intereses. Los casi $16 billones de deducciones otorgados en 2019, serían necesarios para lograrlo. Empezando con los mangos bajitos del consenso, otorgar facultades temporales de recaudo seria un buen comienzo.
En pandemia, se redujo en 250 mil los registros de empresas en cámaras de comercio. Con muchos al borde del abismo, una mala reforma hace más daño que bien. Más impuestos al aparato productivo y a los asalariados son difíciles en la coyuntura, hay que evitarlos en lo posible. Cualquier alza debe aplicar del 2022 en adelante, dándole tiempo al avance del plan de vacunación para regresarnos a la normalidad. Mientras tanto, mediante operaciones de tesorería se pueden sostener los programas sociales.
Siendo conscientes que un arreglo puede sacrificar ingresos futuros, hay una oportunidad de hacer caja inmediata resolviendo cartera y pleitos. La crisis hizo difícil el recaudo. A la Dian le deben $8,1 billones, 84% tiene menos de dos años, con el esquema actual la meta es que este año el monto no aumente. Si se ofrecieran condiciones de rebaja total de intereses y sanciones con hasta el 40% de condonación de capital para sanear cartera, terminar pleitos de mutuo acuerdo en vía gubernativa y conciliación de procesos en el contencioso administrativo, se podría recuperar entre $2.5-3 billones este año.
Lo revolucionario sería extender estos beneficios a la Agencia Jurídica del Estado para optimizar 400 billones de demandas. Al amparo de una ley precisa donde funcionarios negocien sin temores legales, el potencial de atraer recursos líquidos es masivo. Con $11,2 billones de condenas por pagar de 2020, se debe negociar el aplazamiento con TES, ojalá logrando un desembolso menor a $0.5 billones en 2021. Especial interés deberían traer $2.0 billones en procesos arbitrales donde la Nación es convocante. La celeridad de estos procesos otorgaría resultados este año.
Un beneficio de auditoría incrementaría la base de recaudo. Si se declaran más impuestos, se asume la buena fe del contribuyente al declarar nuevos activos. Al tasar un 30% de aumento por beneficio de auditoría con la declaración en firme en los tres meses siguientes, se podría recaudar entre $1-3 billones de impuesto de renta adicional.
Una normalización por declarar capital extranjero sería útil, pero la decisión de Min Hacienda de cambiar las reglas de juego a los que lo han hecho recientemente le resta eficacia. Si la normalización fuera acompañada de un compromiso de que ese capital no pague patrimonio durante los tres años siguientes, se aplicaría una tasa del 5% de normalización para recaudar $0.5 billones.
El nombramiento de José Manuel Restrepo es acertado, va a permitir construir consensos. Facultades para normalizar deudas y conciliar pleitos son un buen inicio, aumentar recaudo sin alza de impuestos. Por lo menos, nos obliga a hacer algo que raramente hacemos, escucharnos y tratar de ponernos de acuerdo.
