El proceso de negociación y diálogo entre el régimen venezolano y la oposición (Plataforma Unitaria de Venezuela), se abrió el pasado 13 de agosto en Ciudad de México y el primer ciclo de reuniones se cumplió los días 14 y 15 siguientes. Por su carácter reservado, este primer acercamiento fue calificado de “reuniones constructivas”, según el escueto comunicado conjunto de las partes, adelantando que se debatió “el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible». Como bien se sabe, Noruega es el país facilitador, en tanto que Países Bajos y Rusia son los acompañantes del proceso, cuyo segundo ciclo de reuniones se realizará del 3 al 6 de septiembre.
En el memorando de entendimiento, firmado durante la apertura del proceso, se establecen las condiciones y términos generales que deberán acatar las partes. Del mismo modo, quedó definida la agenda de negociación a seguir, la cual posee siete puntos pactados para buscar acuerdos: 1. Derechos políticos para todos; 2. Garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables y verificables; 3. Levantamiento de sanciones y restauración de los derechos a activos; 4. Respeto al Estado Constitucional de Derecho; 5. Convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia; 6. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; y 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.
Es innegable que la puerta de esta negociación se dio en junio pasado, cuando Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a través de sus respectivos representantes diplomáticos Anthony Blinken, Marc Garneau y Josep Borrell, se mostraron abiertos a revisar el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. Eso sí, a cambio de “avances significativos en una negociación global” con la oposición, para realizar elecciones libres “creíbles, inclusivas y transparentes”. En dicho sentido, el país debe cumplir los “estándares internacionales democráticos”, a partir del 21 de noviembre, en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales.
En la declaración conjunta de los diplomáticos, también se demandó la liberación de «todos aquellos detenidos injustamente por razones políticas, la independencia de los partidos políticos, libertad de expresión incluida la de los miembros de la prensa y el final de los abusos de los derechos humanos». Naturalmente, admitiendo que la solución al conflicto político en Venezuela tiene que provenir del mismo pueblo, por la vía de la negociación y con la participación de todas las partes interesadas. En síntesis, el objetivo del proceso de negociación se circunscribe a establecer reglas claras de convivencia política y social dentro del territorio venezolano.
En este contexto, cabe precisar que el proceso de negociación y diálogo iniciado despierta más escepticismo que optimismo. No es para menos, dado que en buena parte de la población residente en Venezuela y los emigrantes en el extranjero, existe una justificada prevención que se finca en la poca o nula credibilidad que se tiene respecto al régimen de Nicolás Maduro. En efecto, existe la desconfianza generalizada sobre las verdaderas intenciones del oficialismo al embarcarse en este proceso, bajo el entendido que solo servirá para legitimar al gobierno y ganar tiempo para consolidarse en el poder, una vez llegue el eventual y esperado fracaso de la negociación.
Eso tiene mucho de cierto, pero no se puede pasar por alto que es un proceso de negociación limitado en el tiempo y global, por cuanto involucra a todas las partes y tiene el acompañamiento de la comunidad internacional. Esto es, más de 40 países con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá a la cabeza, que solo legitiman la interinidad presidencial de Juan Guaidó; y aquellos países que reconocen al régimen de Maduro como gobierno: México, Rusia, China, Irán y Cuba, entre otros.
También está de por medio el condicionamiento al éxito del proceso, sin el cual no se levantarán las sanciones que pesan sobre el régimen de Venezuela. En consecuencia, la negociación “debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen por ellos mismos políticamente, a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes”, como fue exigido en la declaración de los diplomáticos de EEUU, Canadá y la UE en el mes de junio.
Además, Maduro y su séquito no pueden estar tranquilos debido a los señalamientos que la Fiscal General de la Corte Penal Internacional hizo, en diciembre de 2020, sobre la “base razonable” de creer que se cometieron crímenes contra la humanidad en Venezuela. En su informe la fiscal saliente, Fatou Bensouda, consignó que “desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido los crímenes de lesa humanidad”. Por tanto, está en manos del nuevo fiscal, Karim Khan, decidir sobre la investigación correspondiente.
A lo anterior se suman las violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela que, según el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU (septiembre-2020), fueron cometidos por los agentes del Estado y grupos a su servicio, desde 2014. El informe identifica crímenes sistemáticos de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad, detención y torturas por motivos políticos e impunidad por la falta de independencia del poder judicial. Más grave aún, precisa que el Presidente Maduro y los ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes.
Todo esto nos viene a decir que si este intento fracasa, como evidentemente se vaticina, no dejará de ser un primer paso, así se demuestre que la diplomacia y el diálogo no son suficientes para destrabar el conflicto. No obstante, es de esperar que el congelamiento de los activos venezolanos en el exterior se mantendrá para su protección, amparado en la legitimidad del presidente encargado y la ilegitimidad del actual gobierno. Al mismo tiempo, se entrevé el endurecimiento de las sanciones, como mecanismo de presión, para continuar asfixiando el aparato financiero de Maduro. Para ello, habrán argumentos de sobra.
