El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, radicaron este martes ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley número 117 de 2018 por el cual se adoptan medidas para promover la honradez en las acciones de gobierno, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones.
“Me complace estar hoy acá con el Procurador General de la Nación, presentándole al país este proyecto tan importante en la lucha contra la corrupción y en el fomento de la probidad pública”, dijo el Mandatario luego de radicar la iniciativa.
Al explicar el contenido del proyecto, el Jefe de Estado destacó, en primer lugar, que se busca ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos.
“La prescripción pasarla de 5 a 20 años en la acción disciplinaria es muy importante, porque le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionar”, precisó.
Como un segundo punto, al que calificó de “elemento profundamente novedoso en nuestro país”, el Jefe de Estado citó que el proyecto busca igualmente instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas.
Indicó que dentro de las sanciones, “está la sanción corporativa, pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios, sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado”.
De acuerdo con el Presidente Duque “que aquí tengamos la sanción penal a las personas jurídicas es también un gran logro que Colombia podría alcanzar, porque eso nos permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas”.
A esto se suma –agregó–, que “se le da vida a la extinción de dominio exprés, para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público”.
Por último, el Jefe de Estado resaltó que el proyecto se propone fortalecer, motivar y patrocinar la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo cual permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos.
“Que nosotros tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana, con mecanismos de protección, también nos va a permitir hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando”, dijo.
Al término de su declaración, el Jefe de Estado subrayó que “este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción”.
Sostuvo que “la corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer”, porque “no tiene color político la defensa de la ética pública, no tiene color político la lucha contra la corrupción”.
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, consideró que con esta iniciativa, “lo que estamos haciendo es dar todavía un paso mucho más adelante” respecto del mandato ciudadano del domingo 26 de agosto.
Explicó que de esta forma se está dotando de nuevas herramientas, en la lucha contra este flagelo, a instituciones como la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las veedurías ciudadanas.
Consideró que “lo que hubo el domingo fue un clamor”, y por eso hay que materializar en leyes y en cambios de comportamiento ciudadano dicho grito de la ciudadanía contra la corrupción.
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